Los estudios de explotación minera detenidos deben ser autorizados y hechos y los proyectos que califiquen que sean aprobados y los que no que sean rechazados

US$ 7,969.7 millones en exportaciones que produjo el sector minero entre 2020 y 2023 es una cifra nada despreciable, reveladora de la importancia de la explotación minera para el desarrollo de la República Dominicana.

Pero también el país ha tenido que tragar amargas experiencias de explotación minera irresponsable (sin importar que hayan sido conducidas por manos privadas o manos públicas), que dejaron un alto pasivo ambiental que llegó incluso a provocar daños a la salud humana en las comunidades del entorno y obligó a un enorme inversión en su reparación, así como pobres ganancias para el Estado.

Los casos de la estatal Rosario Dominicana y de la privada Alcoa Corporation (para sólo citar dos casos) no deben repetirse, y para asegurar que así sea todos debemos mantenernos vigilantes y exigentes, a fin de asegurar contratos, con su correspondiente fiscalización, que obliguen a las empresas a cumplir con las normas de seguridad estándar para evitar el daño ambiental, así como garantizar una justa ganancia al fisco y una mejora en el nivel de vida de las comunidades donde se ejecute el proyecto minero.

El de la Barrick Gold es un caso de éxito en la explotación minera del país, pues no sólo contribuyó a borrar el pasivo ambiental heredado de la Rosario Dominicana, sino que en su contrato (incluidas las modificaciones) aseguró un buen aporte al Estado (esa empresa ha pagado cerca de US$3,207 millones en impuestos en los últimos diez años), además de los programas que ha ejecutado en apoyo a las comunidades. La vigilancia y la exigencia no debe llevarnos a posiciones extremas, basadas en prejuicios y no en el rigor técnico.

Es irresponsable el aceptar la ejecución de un proyecto que no esté respaldo por los estudios que aseguren la sostenibilidad medo ambiental y que no esté atado a cláusulas cuyo cumplimiento garantice que la sociedad será bien retribuida, pero igualmente irresponsable lo es que levantemos la voz para aponernos a cualquier proyecto de explotación minera antes de que se haga el estudio de impacto medio ambiental determine su vialidad o no.

Así como son conocidos los daños de la explotación minera a cielo abierto, tecnología que han utilizado algunas empresas para maximizar sus ganancias sin reparar en el daño medio ambiental, hay tecnologías que minimizan el impacto, que incluyen el uso de vehículos autónomos, centros de operaciones remotos, sistemas automatizados, perforación de túneles y otras.

La Cámara Minera y Petrolera se ha quejado de que «hay muchos proyectos» detenidos en espera de permisos para la realización de estudios, privando al país beneficiarse de un aumento de las exportaciones y al fisco de mayores ingresos.

Creemos que los estudios deben ser autorizados y hechos y los proyectos que califiquen que sean aprobados y los que no que sean rechazados. Pero que hable el rigor técnico, no nuestros prejuicios, pues como decía Leonardo Da Vinci, “nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio”.