La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre solicitó a la Procuradora Miriam Germán Brito disponer una inmediata investigación sobre las amenazas e intimidaciones que, supuestamente, está recibiendo su defendido en la cárcel de Najayo-Hombres.

Asimismo, los abogados de la defensa del principal implicado en el Caso Coral reclamaron terminar las violaciones de los derechos fundamentales de su representado las cuales han denunciado de manera constante en los medios de comunicación.

Además, afirmaron que se debe investigar el hecho ocurrido el pasado 11 de junio, fecha en la que se acercó una funcionaria de esta institución, quien se presentó como abogada de apellido Álvarez. Luego de irrumpir la reunión sostuvieron que dicha señora “aconsejó” a Cáceres delante de su abogado, que dejara la ruta que ha seguido, que no siga los consejos de sus abogados, que no haga ruido y se quede tranquilo pues “todo se le puede complicar”.

Manifestaron que ese acto, que califican como amenaza, atropello y soberbia, además de grave, es la respuesta que han recibido del sistema carcelario.

“No sabemos si esta evidente amenaza puede implicar atentados a su integridad física. Esperamos que no sea así. Es impensable que este tipo de hechos esté ocurriendo en nuestro país. Sepa usted que esta situación tendrá todas las consecuencias jurídicas que ello trae consigo” afirmaron los abogados de la defensa.

Mediante una instancia enviada a la Procuradora y a otros funcionarios del sistema carcelario expresaron que de las denuncias que han venido haciendo desde que el señor Cáceres fue presentado ante el juez, en fecha 28 de abril de 2021, no han recibido respuesta satisfactoria. Señalaron que tampoco han recibido respuesta de su queja sobre el secuestro y copiado ilegal de las comunicaciones escritas con su cliente.

Precisaron que les conviene a todos que esta denuncia sea inmediatamente investigada y que el resultado sea comunicado a los denunciantes a fin de que “tengamos en nuestras manos los nombres, ejecutores y quienes dieron las instrucciones de este acto de intimidación burdo e ilegal”. Destacaron que es un derecho que les asiste a fin de oportunamente deducir las responsabilidades civiles y penales de este preocupante acto de tortura e intimidación.

Los letrados reiteraron las denuncias de que a su representado de manera constante se le han violado los artículos 38 (Dignidad), 39 (Igualdad), 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal), 42 (Derecho a la integridad personal), 44 (Derecho a la intimidad), 68 (Garantía de los derechos fundamentales) y 69 (Debido proceso) de la Constitución de la República y 95.9 del Código Procesal Penal, en relación a la obstaculización al ejercicio del derecho de defensa.

Afirmaron que Cáceres, quien desde su arresto en fecha 24 de abril de 2021 y hasta la actualidad, no ha podido sostener una sola reunión con sus abogados en la estricta confidencialidad establecida por la Carta Magna y nunca ha contado con el tiempo mínimo suficiente que le permita preparar su defensa.