Los abogados de la maestra Mercedes Marilyn Mercedes Acosta anunciaron el sometimiento a la justicia del señor Felipe Castillo Arias, quien ilegalmente funge como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la provincia La Altagracia.

El sometimiento a la justicia del señor Castillo Arias obedece al hecho de haber falsificado el título de Licenciado en Educación, Mención Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad Central del Este (UCE), utilizando el mismo número de Folio y Libro de la maestra Mercedes Acosta.

El licenciado José Manuel Severino, abogado de Mercedes Acosta, dijo que el pasado día 17 de este mes depositó por ante la Procuraduría Fiscal de la provincia La Altagracia la querella por falsificación y uso de documentos falsos por parte del señor Castillo Arias, quien además es director del centro Educativo San Francisco Online, de Higüey.

El abogado Severino afirmó que Castillo Arias ha usado el Folio y Libro de Mercedes Acosta desde el año 2006, cuando presenta el título de Licenciado en Educación, Mención Ciencias Físicas y Matemáticas.

Mercedes Acosta expresó que el hecho le ha provocado daño emocional y la perjudica profesionalmente, ya que pone en cuestionamiento su condición de educadora y académica, pudiendo impedir que acceda a posiciones laborales o a universidades nacionales y extranjeras para su capacitación continua.

En ese sentido, mostró su indignación debido a que en lugar tratar de aclarar la situación y aplicar las sanciones debida al señor Castillo Arias, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, ha defendido al usurpador y falsificador.

De su lado, el licenciado José Manuel Severino, abogado de Mercedes Acosta, exhortó a la Procuraduría Fiscal de la provincia La Altagracia a que agilice la investigación y proceda al sometimiento formal a la justicia del señor Felipe Castillo Arias por falsificación y uso de documentos falsos.

Al respecto, el abogado Severino deploró que, a pesar de estar suspendido como maestro, el señor Castillo Arias continúa al frente de la filial de la ADP en la provincia La Altagracia, incitando, incluso, a paros laborales no amparados por la Ley.