Durante la Guerra Fría el empresariado estimuló la sedición del cuartel
El 15 de junio de 1964, durante el Triunvirato, apareció en las páginas del periódico La Nación la publicación oficial de la compañía Cantina Policía Nacional, dedicada a negocios tan extraños para el cuerpo del orden, como electrodomésticos, joyas, telas e importación de bebidas.
El destape constituyó en el terreno de los hechos, una deformación de la noción de cooperativas al servicio de los miembros de la institución, acorde con las iniciativas transformadoras de la administración de Juan Bosch.
Ahora bien, los acontecimientos de septiembre de 1963, pervirtieron el interés social de una actuación desconocida en el país, dándole paso al acto que pretendía compensar la cuota de desestabilización capaz de interrumpir el orden democrático.
Ya antes, el ascenso y desarrollo económico del dictador había colocado en los ojos de la ciudadanía una fortuna considerable en condiciones de validar un simple soldado en jefe del Ejército y millonario. Resulta preciso recordarlo porque la llegada al poder en febrero de 1930, si bien es cierto representó un golpe de deslealtad contra Horacio Vásquez, es innegable que entre 1916-24, el brigadier Trujillo acarició un patrimonio considerable.
Por eso, todo el tránsito post dictadura colocó en el contexto social nuestro la idea de que, el sentido de acumulación insaciable caracterizada por 30 años de excesos, habilitaban un proceso en que la jerarquía militar y policial, mentalmente asumía las mañas que garantizaban niveles de movilidad financiera. Después de mayo/30 de 1961, les tocaba a “ellos”.
Con la valoración que se hace respecto al histórico comportamiento de segmentos directivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasa lo mismo que con las élites dirigentes de las organizaciones partidarias.
La excepción se presenta como regla, y el fenómeno tendente a la generalización no es justo y daña la vocación reformadora de integrantes hastiados por las inconductas.
El problema integral que excluyó estamentos bajos de los mandos policiales y militares, en el deseo de adecentamiento de la vida nacional estuvo asociado al convencimiento de que, por su sentido de obediencia a la alta oficialidad, sus inconductas no eran observadas con sentido cuestionador, creándose un ambiente de que el tema que no los incluía.
Y no es así. Observan, se molestan, disienten y emiten sentencias condenatorias que, con ribetes de reflexión intelectual y/o texto reformador, dejan ver que todos no son iguales y que franjas políticas apuestan tradicionalmente en la perpetuación de sus taras para seguir controlándolos e impidiendo la ruta hacia lo institucional.
Desde la etapa final del siglo 20, en el orden internacional junto con los niveles de madurez democrática, repensar las relaciones del poder, los militares y los criterios de transparencia, experimentaron cambios interesantes.
Durante todo el proceso de Guerra Fría, la sedición del cuartel se concretizó por estímulo del sector empresarial, políticos conservadores, embajada estadounidense y una alta oficialidad militar que asumió el comportamiento porque se traducía en licencia para excesos, que en la medida que llenaron de sangre y conculcación de derechos humanos, se convirtieron en indefendibles y generaron consecuencias penales.
La experiencia de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil es distinta a la nuestra. Aquí, militares comprometidos con la sangre, llevaron una vida tranquila y llena de complicidades que, les permitió exhibir sus fortunas y hasta invocar por vía de sus herederos, discursos de “redención ética” en poltronas empresariales y aspiraciones en el orden presidencial.