Hoy 
Con la presunción, de premisas razonables, de que el proyecto de ley dirigido a combatir de manera integral la trata y tráfico ilícito de personas podía provocar una excesiva y perjudicial apertura a la inmigración, no se ha debido sacar de foco tan pronunciadamente la urgencia de combatir esos males que golpean al país con singular intensidad.
El interés de evitar que niñas y adolescentes sean víctimas de un inhumano comercio apenas ha aparecido en ruidosas expresiones de entes impacientes por explotar dudas y legitimarse ante la sociedad, como si no existiera real preocupación por suprimir lo sombrío sino de disponer de combustible para la crítica atroz que conquista espacios mediáticos. A los tratantes se les persigue desde antes con reglas parecidas, pero de limitada eficacia, y sin que se prestaran a los espantosos fines que ahora se invocan. Debería recibir constructivas respuestas inmediatas la convocatoria a procurar consenso para optimizar el instrumento planteado, suprimiéndole aspectos que pudieran prestarse a la ambivalencia.
Remitimos a la opinión pública los detalles publicados por la científica social Tahira Vargas de reconocida fidelidad a principios éticos y morales, que ha puesto de relieve que las víctimas de trata, a través de este país caribeño son fundamentalmente dominicanas: 68%. Las haitianas, apenas un 4%. Ninguna sobredimensión del problema debe impedir que República Dominicana se rearme contra el criminal azote de bandas.
