«Aún puede hacerse una auditoría forense, entrevistando a todos los que participaron en el diseño del software», luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe con los resultados de su investigación sobre los motivos del fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero. La opinión es de Sonia Díaz, coordinadora general del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC).

«Hay un culpable señalado y es el departamento de informática de la JCE», señaló Díaz durante una llamada telefónica al programa radial El Interactivo de la Super 7.

Puntualizó que, de acuerdo con el informe de la OEA, lo que tendría que haber es sanciones administrativas, porque no se estableció que hubieran intenciones fraudulentas detrás del fallo de los equipos electrónicos.

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«La Junta Central Electoral tiene que reestructurar totalmente ese departamento (de informática)», agregó la también abogada.

Lamentó que la JCE no se asegurara que cada colegio estuviera preparado para cargar la boleta electrónica. «Hubo fallos técnicos, de diseño, de controles de calidad y hasta de descuido», acusó Díaz.

La mañana de hoy, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán aseguró que habrá una reestructuración del Departamento de Informática, y que lo que renazca de ahí tendrá que ser el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas en el informe.

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Sobre las elecciones. Se recuerda que las elecciones frustradas costaron miles de millones de pesos del presupuesto nacional, y tuvieron que volverse a realizar con boletas físicas, procediendo a la incineración de las que se imprimieron para los pequeños municipios que sí tuvieron voto manual en los comicios del 16 de febrero.

Otra cantidad de recursos fue invertida en equipos electrónicos que no pudieron utilizarse ni lo harán en el corto plazo, pues el presidente de la JCE informó que será manual el voto de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 5 de julio.

Tras el fracaso de las elecciones, dos personas fueron apresadas y acusadas públicamente por el director de la Policía Nacional de ser parte de un complot para sabotear las elecciones.

Hasta el momento en que el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de las investigaciones sobre el caso y anunció que había convocado a la OEA para realizar una auditoría, los dos imputados estuvieron presos; uno de ellos en una sala de audiencia donde le conocía un recurso de hábeas corpus.