Por eso también seguimos leyendo y escuchando denuncias sobre la muerte de ciudadanos en circunstancias sospechosas mientras se encuentran bajo custodia policial, como el caso de un hombre acusado de participar en la muerte de un joven de 25 años, quien según la denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “fue masacrado a golpes” cuando se encontraba detenido el fin de semana en un destacamento en San José de Ocoa, razón por la cual habría fallecido.
Puede leer: La preocupación de PC
La Policía ha negado tener responsabilidad en su muerte al declarar que en las investigaciones que realizó no encontró evidencias de que Wellington Reyes Ruiz fuera maltratado durante el tiempo que estuvo detenido, señalando que el informe del INACIF la atribuye a un paro cardio-respiratorio y un edema pulmonar. Pero la explicación solo ha conseguido aumentar la indignación de los ocoeños, mientras la CNDH pidió al Ministerio Público realizar una investigación profunda de lo que pasó.
Desgraciadamente, eso es pedirle demasiado a un Ministerio Público poco proclive a investigar lo que ocurre en los cuarteles, donde los fiscales brillan por su ausencia, dejando la cancha libre, como ya hemos visto en otros casos, para que se cometan todo tipo de abusos. Pero el mayor abuso es permitir que la Policía se investigue a sí misma, lo que convierte un exceso de autoridad de naturaleza criminal en una burla descarada al Estado de Derecho en el que se supone vivimos.