Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este martes, por teleconferencia debido a la pandemia del COVID-19, los argumentos de las partes en tres casos relacionados con los datos financieros del presidente Donald Trump, cuya decisión se anticipa podría conocerse entre junio o julio próximos, en plena campaña electoral a la Casa Blanca.

El primero de los litigios analizados -que consolida dos procesos- es el que busca que los bancos Deutsche Bank y Capital One le entreguen esa información del mandatario a los comités de Servicios Financieros y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata.

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Mientras el segundo, cuyos argumentos fueron escuchados por los magistrados inmediatamente después del primero, se remonta a agosto del año pasado, cuando la Fiscalía de Manhattan requirió a Mazars, la firma que gestiona la contabilidad del presidente y de la Organización Trump, que le entregara las declaraciones de impuestos de las ganancias personales y corporativas del presidente relativas a los últimos ocho años.

La Fiscalía ha pedido los documentos a Mazars como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York.

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“Las citaciones en cuestión aquí no tienen precedentes”, subrayó en su exposición el abogado privado de Trump, Patrick Strawbridge, quien junto a Jeffrey B. Wall, letrado del Departamento de Justicia, defendió al presidente en el primer proceso.

Strawbridge argumentó que el poder del Congreso para investigar al presidente debía restringirse a un propósito legislativo claro, y advirtió de que en caso contrario se abriría la puerta a “interminables citaciones y hostigamientos” contra el gobernante lideradas por el partido que controle una de las cámaras del Legislativo.

Pero la jueza Ruth Bader Ginsburg, considerada como miembro del ala progresista del Supremo, comparó la situación analizada con las investigaciones sobre el famoso escándalo de “Watergate” durante la Presidencia de Richard Nixon (1969-1974) y de “Whitewater” , que involucró al presidente Bill Clinton (1993-2001), en los que el Congreso buscó información financiera y registros de firmas de abogados privados.

«¿Cómo distinguir todos estos casos?” , preguntó la magistrada, quien hace una semana fue hospitalizada debido a una inflamación de su vesícula biliar.

El abogado general de la Cámara Baja, Douglas Letter, descartó que el pedido de información pueda interferir con la labor del presidente, ya que él no tendría nada que hacer.

“Esta fue una citación para un banco y una firma de contabilidad, apuntó.

Por otra parte, el abogado Carey Dunne, en representación del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., urgió a resolver pronto este caso, al indicar que se han “perdido nueve meses” debido a la demanda interpuesta por Trump, y puntualizó que los presidentes deben tener “responsabilidades como cualquier otro ciudadano».

El abogado privado de Trump en esta causa, Jay Sekulow, alegó la inmunidad del jefe de Estado mientras se encuentre en la Casa Blanca, y aseguró que una decisión favorable del Supremo a la petición de la fiscalía de Manhattan supondría “armar” a 2.300 fiscales de distrito en todo el país para “hostigar, distraer e interferir” al presidente de sus funciones.

Se espera que los nueve magistrados -que hoy escucharon a las partes durante más de tres horas- den a conocer su decisión el próximo verano, a escasos meses de la elección de noviembre en la que Trump buscará relegirse.