Gabriel Alberto Hernández Tiburcio 
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Alberto Surún Hernández, denunció que el ministro de la Presidencia y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza ha realizado una campaña de abuso y persecución en su contra.
«El pasado sábado, veintitrés presidentes seccionales del Partido Revolucionario Moderno, conjunto a seis presidentes más, emitieron la nota de prensa de apoyo a la junta directiva nacional y el presidente de la junta y rechazo total del abuso cometido y persecución iniciada por el señor José Ignacio Paliza en contra del presidente del Colegio de Abogados», aseguró durante una entrevista con el programa radial «El Sol de la Mañana».
Afirmó que Paliza contactó a varias entidades públicas para realizar una «arremetida en su contra» que comenzó desde la Cámara de Cuentas en mayo, según alega.
«Han emitido una certificación diciendo que este servidor no había cumplido con la ley ni con la declaración jurada de funcionarios públicos cuando yo no tengo esa calidad. Le mandé una carta a la Cámara de Cuentas explicando que no soy un funcionario público ya que mi entidad es de base privada», explicó.
Surún Hernánez señaló que el gobierno dominicano «no le paga ni un centavo» al Colegio de Abogados sino que la institución paga el 10% de todos sus ingresos al Estado dominicano por el cobro de las tasas que reciben en sus actividades.
Cámara de Cuentas declaró en desacato a Surún Hernández
Se recuerda que la Cámara de Cuentas declaró en estado de desacato al presidente del Colegio de Abogados, Miguel Alberto Surún Hernández, por no permitir que los auditores realicen las labores de lugar y al mismo tiempo solicitó a la PGR el uso de la fuerza pública a los fines de proceder con el mandato que la rige.
Dicha decisión del órgano rector de las auditorías del Estado está contenida en la resolución Número ADM-2021-010, emanada en la sesión ordinaria de hoy.
La CCRD solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), con atención a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), el auxilio de la fuerza pública, a los fines de incautar las documentaciones que sean necesarias para cumplir con su rol constitucional.
