Luego de cuatro horas dentro de las oficinas de abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, Jurinvest, el Ministerio Público concluyó la incautación a bienes en dicho lugar propiedad del principal imputado en el caso denominado como Medusa.

A la acción del órgano acusador, un abogado que forma parte del Consejo de Defensa del exfuncionario, indicó que de lo que se trató fue de un secuestro.

«Se hizo un secuestro, pero se dejó un guardián, al propio Consejo de Defensa», aseguró el abogado Francisco Franco, quien añadió que el equipo de defensa de Jean Alain analizará las consecuencias de la situación y consideró además se debe ver el accionar del Minsiterio Público «como una especie de ataque».

El abogado, sin dar más detalles, dijo que fueron incautados varios bienes del exprocurador.

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Abogados fueron citados

Franco reveló además que algunos miembros del Consejo de Defensa del exfuncionario fueron citados por la Procuraduría General de la República «de forma impropia».

«Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿Qué puede intimidar un abogado a una persona? Quienes tienen la posibilidad de presionar no son lo abogados, todos sabemos aquí de cómo se han logrado algunas delaciones», aseguró a Franco a la prensa.

Wilson Camacho: «No son las únicas incautaciones»

El procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución la Corrupción Adminsitrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que esta incautación de bienes propiedad de Jean Alain Rodríguez no son los primeros.

«Hemos identificados un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana. Algo simplemente escandaloso. Dinero ha sido sustraído del erario ha sido utilizado para adquirir bienes, y el Ministerio Público va a utilizar cada segundo disponible para recuperar esos bienes», detalló Camacho.

El procurador dijo que los bienes incautados propiedad de Jean Alain fueron dos oficinas y un bien inmueble y negó se tratara de un allanamiento.

Sobre la legalidad del proceso en las oficinas de los abogados del exprocurador, Camacho aseguró que se trata de «confusión y manipulación de la defensa, porque no se ha hecho una allanamiento, sino una incautación que se ha hecho con la debida autorización judicial».