Javier Herrera 
Este lunes corrieron como pólvora los videos en los que se ve al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y periodistas de diferentes medios de comunicación siendo agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) apostados en el espacio que usan para guardar los vehículos retenidos (Centro de Retención Vehicular «El Coco»), mejor conocido como el canódromo.
La presencia de Ulloa allí a tempranas horas se debió a denuncia de supuestas irregularidades, por lo que procedió a inspeccionar el lugar para comprobarlo, pero no se lo permitieron.
El defensor del pueblo se empoderó y, junto a los reporteros que cubrían las incidencias allí, entró a exigir explicaciones de las razones por las que no lo dejaban entrar a una oficina del canódromo, a la fuerza. Es ahí cuando inicia el forcejeo, trompadas, patadas y agresiones a periodistas, incluso, a algunos de los cuales les rompieron las herramientas de trabajo.
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Ante este escenario, surge la pregunta: ¿Tiene el defensor del pueblo facultad para inspeccionar en el canódromo?
La Ley 19-01, que instituye la figura del Defensor del Pueblo, establece en su artículo 3 que dicho servidor, «en su ejercicio, estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de sus actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos».
El párrafo de dicho artículo acota que «el Defensor o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso«.
Parte de las imágenes del incidente fueron tomadas por un dron:
Digesett deploró el incidente
De su lado, la Digesett emitió un comunicado con el deploró el incidente de la mañana de este lunes en el canódromo.
«Del mismo modo, enfatizó que investigará el desagradable incidente y afirma que no tiene nada que esconder en éste ni en ningunos de los centros de retenciones en todo el país, mucho menos al Defensor del Pueblo», indicó dicha entidad.
