A pocos minutos de iniciad la audiencia del caso Odebrecht, el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se retiró a deliberar sobre la recusación presentada ayer en contra del presidente de esa alta corte, Luis Henry Molina, a quien vinculan con tener relación cercana con uno de los imputados, en su condición de ex miembro del partido gobernante.

Previo a la decisión, el magistrado Molina tuvo una exposición en la que señaló que bajo el entendido de que ninguno de los imputados tiene con su persona «relación de amistad, enemistad, trato frecuente, relaciones contractuales o familiares… que afecte su independencia y parcialidad, entiendo procedente rechazar la recusación».

«Mi único compromiso es con la Constitución y las leyes, para el ejercicio de una función jurisdiccional tendente a lograr una justicia imparcial», expresó el juez presidente de la SCJ previo a someter al conocimiento del pleno la recusación en su contra y ceder la palabra al juez primer sustituto del presidente Ramón Manuel Herrera Carbuccia, quien de inmediato pidió al tribunal retirarse a deliberar.

Insistió en descartar cualquier posibilidad de poner en entredicho la legalidad de su ejercicio profesional, que solo puede ser compatible con la docencia.

Agregó que previo a su designación como presidente de la SCJ, era de conocimiento público su filiación partidaria, «en cuyo marcos asumí distintas funciones delegadas por la organización».

Sin embargo, dijo que esa labor partidaria no incluía ninguna relación o causa referida en el artículo 78, ni con el imputado en cuestión, es decir el senador Galán, «ni con ningún otro actor que se estuviera desempeñando en la campaña».

Indicóó que los jueces tienen la obligación no sólo de actuar conforme al Derecho sino también de dar cuenta y fundar sus actuaciones frente a la ciudadanía. Más aún en un caso cuya complejidad y connotación pública demandan particular rigurosidad y transparencia a la hora de juzgar en Derecho los hechos sometidos a conocimiento.

La recusación fue presentada ayer por la defensa técnica de algunos de los imputados, y entre los alegatos para su motivación se señaló la ex membrecía del magistrado Molina al Partido de la Liberación Dominicana, además de que fue jefe de campaña del senador Tommy Galán, uno de los seis imputados.

Por el caso de los sobornos de la multinacional son procesados en la justiticia seis imputados, entre los que figuran Ángel Rondón Rijo, empresario; Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicasa; Tommy Galán, senador por San Cristóbal; Andrés Bautista, ex presidente del Senado; Conrado Pittaluga, abogado, y el ex funcionario Roberto Rodríguez.

Más temprano, al hablar tras dejar juramentados a 269 nuevos profesionales del Derecho, Molina manifestó que existen lineamientos axiológicos que, en el marco ético, obligan a los jueces y juezas como actuantes íntegros de la justicia.

En ese sentido, hizo un llamado a recibir ese rol como un compromiso y una devoción por lograr lo posible, «siempre con la cabeza alta y sin temor, porque donde hay miedo al decidir es porque hace tiempo que se ha perdido de vista el Derecho».

“El país ha dejado su confianza en nosotros y no vamos a defraudarles. Sépanlo bien, díganlo duro y claro, trabajen con nosotros para ello: en República Dominicana hay y habrá justicia”.

Explicó que los artículos 2 y 3 del Estatuto del Juez que plantea la obligación de respeto a la independencia judicial, implica la responsabilidad de proteger la función judicial de presiones con fundamento ajenas al Derecho y las leyes.

Asimismo, enfatizó que no hay ventajas en el camino contra la justicia, ni tisanas para calmar la enfermedad del alma que produce actuar de modo indigno y resaltó que cada decisión de los jueces requiere sabiduría y debe ser fruto de la calmada reflexión ante los retos del Derecho, de la sana crítica y la contemplación de los principios, pautas y barreras que cuidan su independencia.