El titular de la Procuraduría Anticorrupción (PECPCA), Wilson Camacho, restó ayer importancia a la preocupación de Participación Ciudadana por la alegada dilación de los casos de corrupción en la justicia, afirmando que lo importante son las sanciones que se impongan en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Y es que, en su informe anual correspondiente al 2024 que finaliza, la entidad de la sociedad civil destaca entre los aspectos negativos del año, “los lentos avances” de esos procesos judiciales en los distintos tribunales que los tienen asignados.

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“Nosotros lo que esperamos es que los casos de corrupción tengan la sanción que corresponde conforme a las pruebas que ha aportado el Ministerio Público”, fue la escueta respuesta que dio el procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.

Camacho fue abordado sobre el tema por esta reportera, a su salida de una audiencia en la que ayer se conocerían sendos recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, contra los actos de “No ha Lugar” dictados por el juez del tercer Juzgado de la Instrucción Amauri Martínez, a favor de dos de los imputados en el caso Medusa.

Son ellos Juan Asael Martínez y Sara María Fernández, quienes fueron exonerados de ir a juicio de fondo a donde el magistrado Martínez envió a los demás encartados en el proceso que tiene como principal imputado al exprocurador, y que no han hecho acuerdo con el órgano persecutor.

Aplazada la audiencia

La presidenta de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñoz, aplazó para el 6 de febrero del 2025 el conocimiento de los recursos incoados por la PEPCA, a solicitud del abogado del Estado, quien alegó no tener conocimiento de las instancias que en su favor, presentarían las defensas de los Asael Martínez y de la señora Fernández.