En estos días inundan los periódicos las noticias sobre irregularidades, indelicadezas y malas prácticas administrativas en instituciones del Estado, algunas de las cuales expelen un fuerte tufo a corrupción, gracias a la publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República como parte de la política de transparencia que impulsa desde el Gobierno el presidente Luis Abinader.

Pero lo que ponen el desnudo esas auditorías debería disparar las alarmas en el Palacio Nacional, que jugó una carta de alto riesgo con la decisión de autorizar que la sociedad dominicana, que tiene derecho a saber cómo se administra lo que es de todos, las conozca, pues evidencian que algunos de los colaboradores escogidos por el mandatario para confiarles la enorme responsabilidad de dirigir una institución del Estado no están a la altura de las expectativas que creó su gobierno cuando prometió pulcritud y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

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Es evidente también que se debe ir más allá de la publicación de esas auditorías y sus irregularidades, que el Ministerio Público está en la obligación de indagar a fondo y proceder en consecuencia si se determina que constituyen ilícitos penales, aunque eso signifique aumentar aun más su pesada carga de trabajo. ¿No es eso lo que cabría esperar del Gobierno del Cambio y su política de cero tolerancia hacia la corrupción? El Ministerio Público tiene ahí otra prueba a superar que pondrá en el centro del debate público el tema de su independencia, pues la persecución de la corrupción no puede tener favoritos.

Pero en lo que llegan esas acciones hay que volver a repetir, para que quede como mensaje, que esas auditorías demuestran que hay colaboradores del presidente Abinader que no merecen ser parte de su equipo y mucho menos del que viene si la reelección logra pasar, volviendo a demostrar lo difícil que resulta encontrar manos limpias que administren con pulcritud y responsabilidad los recursos públicos.