Cuáles contactos, compromisos o informaciones sobre el desembarco del coronel Caamaño supondría la Policía que tenían Mirna Santos, Rafael Enrique Rivera Mejía y Juan Aracena, reconocidos militantes de partidos de izquierda? ¿Qué soplaron en torno a ellos?

En los informes del general José Ernesto Cruz Brea, jefe de esa institución, al presidente Joaquín Balaguer, se evidencia una implacable persecución a estos y otras figuras de la izquierda supuestamente ocultas junto a los citados.

El 9 de febrero, Cruz Brea reportó que se realizó un “allanamiento legal” a la casa número 18 de la calle Américo Lugo “por haber denuncia de que en la misma se encontraban los connotados comunistas Rafael E. Rivera Mejía, Juan Aracena y Mirna Santos, con resultado negativo”.

Ese mismo día los buscaron en la Samaná 63, casa de Luis Barruos, por haber sido informados de que en ese lugar estaban celebrando reuniones “los dirigentes comunistas” Rafael E. Rivera Mejía, Mirna Santos, Juan Aracena y Luis Barruos Santos. Solo encontraron y detuvieron al hijo menor de Barruos, Luisito Barruos Sánchez, de 14 años.

También fueron tras ellos a la Juana Saltitopa 219, casa de Juan Brea Vallejo. No estaban y aparentemente ahí desistieron de apresarlos para interrogarlos.

A quien capturaron fue a Jaime César Cruz, guardaespaldas de Bosch.

El 8 de febrero, el general debió haberse sentido sumamente frustrado cuando escribió a Balaguer: “La Policía Nacional realizó 11 visitas domiciliarias en igual número de residencias de esta ciudad en busca de connotados miembros de partidos de extrema izquierda para ser sometidos a investigación en relación con el desembarco de los comunistas por playa Caracoles, jurisdicción de Azua, sin que pudiera encontrar ninguno de los buscados”. No identifica tras quienes andaban. Como este hay varios otros memorándums a Balaguer.

Fallaron al allanar la casa número 30, de la 30 de Marzo, residencia de Lourdes Santana del Villar, en busca de José Israel Fernández; la número 10 de la 16 de Agosto, de Nicolás Espinosa, tras José Ángel Serulle Ramia; la número 21, de la Santiago Mota, propiedad de Virgilio Manuel Ureña Soto, buscando a Diómedes Maríñez, alias Plebí.

Sin éxito trataron de ubicar, además, a Isidro Romer Salas, en una casa del Ensanche Luperón propiedad de Rafael Amable Abreu Pimentel; a Mercedes I. Matos de Grullón y Cándido Kapp, alias Titico, a quienes presumían ocultos en la casa número 11 de la Fabio Fiallo; al ingeniero Rafael Augusto Suárez, que creían se escondía en la residencia “del locutor de televisión” René Alfonso, en la Espaillat 20.

Y no resultaron premiados en otros cinco allanamientos en donde además de los “políticos de la extrema izquierda”, buscaban “armas de fuego y material subversivo”.

Detrás de esos destacados dirigentes acudieron a la residencia del doctor Miguel Ángel Santamaría Demorizi, en la tercera planta de la casa número 2 de la 19 de Marzo; en el segundo piso de la Félix María Ruiz, de la doctora Laura Hernández, y en la casa número 4 de la 19 de Marzo, de Aníbal Castillo. En estos casos Cruz Brea solo especifica que se perseguía a “destacadas personas de la extrema izquierda”.

Los encontrados. El 19 de febrero, en un allanamiento al local de la Federación de Sindicatos Cristianos, en la Juan Pablo Pina esquina Barahona, detuvieron “para investigación a Eugenio Pérez Cepeda, Nélsida Altagracia Marmolejo (sic) Capellán y Julián Fernando Morales Tavárez”, habiéndoles ocupado “varios afiches del Comité Revolucionario Camilo Torres (Corecato), del cual el primero es dirigente, así como un sello gomígrafo con la inscripción del Comité Central de la Juventud Revolucionaria Cristiana”.

Por otro lado, detuvieron a Belarminio Emilio Brito (Botellita) sobre quien el general apunta que este era buscado “por haber participado con otros en la muerte de José Frías, militante del Frente Estudiantil Flavio Suero, hecho ocurrido en 1970”.

Dos supuestos militantes del Movimiento Popular Dominicano fueron capturados en sendos registros de domicilio: Adolfo Lantigua Gross, en la Eusebio Manzueta 166, “en razón de que este sujeto es miembro activo del MPD, que lo utiliza para planificar atracos, a quien se le vio últimamente en actitud sospechosa en el Hipódromo Perla Antillana”. El otro fue José Francisco Díaz Pineda (Frank) de 22 años, “dirigente barrial del MPD”.

De todos los allanamientos en el único que localizaron material aparentemente relacionado con el desembarco fue en Puerto Plata, en las residencias de Higinio Bonilla Ventura y Luis Alberto Guillén. El memorándum afirma que en la primera fue detenido José Inés Bonilla, “a quien se le ocuparon algunos documentos escritos que lo vinculan con los comunistas guerrilleros… En la última fue detenido Luis Alberto Guillén Pelegrín”. Ambos eran estudiantes.

Donde parece que realmente se unirían a un foco guerrillero fue en los barrios Hoyo de Lima y Ensanche Bermúdez, de Santiago. Según Cruz Brea encontraron: “armas y pertrechos: tres revólveres, dos calibre 38 y el otro para balitas “U”; una pistola calibre 7.65 mm., 34 cartuchos para escopeta calibre 12; 100 perdigones para rifles de distintos calibres; tres estuches para escopetas, un cinturón porta-cartuchos para escopeta, una mochila verde olivo, un cargador para pistola, dos cananas para revólver, un mimeógrafo marca Dick número 90, una máquina de escribir Olimpia, dos cuchillos de campaña y gran cantidad de libros y panfletos de literatura comunista”. Detuvieron a Emilio Genaro Hernández Betances, Luis Laureano Figueroa y José Puello.

En la capital ocurrió algo parecido con Daniel Ozoria, de 18 años, allanado en la Abreu 174, altos. Le ocuparon un nombramiento de cabo del Ejército a nombre de Rafael Antonio Batista Jorge, seis camisas color kaki, cuatro pares de medias, tres pantaloncillos, dos camisillas, dos pares de botas negras tipo militar, dos pares de zapatos negros, una gorra verde olivo, dos correas color kaki y cuatro revistas “Política”, órgano del PRD. Lo detectaron por denuncias de que ahí se fabricaron “gran cantidad de bombas caseras”. En relación con las bombas requisaron a Sergio Augusto Terrero Santana, de 37 años.

Un apoyo al desembarco fue el demostrado por Ramón Antonio Almonte, en Guayubín, preso por dedicarse a “incitar a los campesinos a sublevarse contra el Gobierno legalmente constituido y apoyar a los comunistas invasores…”. Lo más escandaloso para la Policía fue que “este sujeto osó destruir dos fotografías de Su Excelencia”.

En otros casos, como se verá, detuvieron personas por intrascendencias que no representaban ese respaldo, como fue el apresamiento del abogado Luis Manuel Mejía Peña, de Baní, porque “predicó a la juventud que el conflicto que tiene el país en las lomas de San José de Ocoa no es más que una táctica del Gobierno para deportar a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez”.