Hoy 
Es política del Poder Ejecutivo asumir en forma aleatoria el costo de soluciones a problemas urbanísticos de vocación municipal; unos auxilios que en ocasiones podrían evitar que la basura se trague zonas habitadas de provincias semi-olvidadas o que la falta de bacheado por debilidades económicas edilicias tornen en intransitables determinadas calles tanto en la ciudad capital como en el resto del país. Unas insuficiencias que podrían derivarse de gestiones administrativas deficientes o «indelicadas» o muy probablemente porque en el trasfondo de precariedades de la municipalidad opera una filosa herramienta que «siquitrilla», como se dice coloquialmente en sinónimo de decomiso, los presupuestos para comunidades. Sin fallar, año por año y en más de medio siglo, las que deberían consistir en asignaciones individuales equivalentes al 10% de los recaudos del Estado, solo una vez pasó del 3% y ahora mismo está por debajo de esta marca.
Puede leer: La amenaza de baño de sangre en Venezuela si Maduro pierde comicios
Con el agravante de que los fondos que el Gobierno central especializa tardíamente como «tablas de salvación» amenizadas con bombos y platillos no equivale a una reposición importante de lo que nunca llegó. El crecimiento poblacional extraordinario de centros urbanos y de barrios bajo gestiones locales, incluyendo los del Gran Santo Domingo, mantiene en intensa escalada la demanda de servicios esenciales que ni las achicadas partidas que proceden del Erario ni los remiendos posteriores que dispone la autoridad suprema permiten enfrentar adecuadamente.
