La medida de coerción contra los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, acusados por el Ministerio Público de encabezar una red que habría distraído más de RD$19 mil millones, fue aplazada ayer para el miércoles a las 9:00 de la mañana con la finalidad de adicionar al expediente cinco querellas privadas interpuestas contra los involucrados en el caso.

Esta es la segunda vez que se pospone la coerción de la operación Calamar, en la que también están imputados el excontralor Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el abogado Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Además están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Puede leer: Caso Calamar: Wilson Camacho revela que depositaron cinco nuevas querellas contra implicados

Según explicó Kenya Romero, jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la decisión se tomó después de la aparición de los abogados en representación de los nuevos querellantes contra Gustavo Montalvo, Simón Lizardo, Donald Guerrero, Ángel Lockward y José Ramón Peralta.

Uno de los querellantes es Mario Díaz, secretario general de Fenatrano, cuyo abogado Manuel Mesa pidió que se incluya en el expediente para que Gustavo Montalvo y Simón Lizardo expliquen el uso de los recursos que se cobraron por los dos pesos de la gasolina premium y gasoil para la renovación de la flotilla vehicular a través de Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

De igual modo señaló que contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda, se ha querellado la familia Gatón porque según su abogado, Francisco García Rosa, le entregaron RD$1,527 millones pero ellos solamente recibieron RD$300 millones producto del pago de una expropiación de terrenos.

Al salir de la audiencia, Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, reiteró que la operación Calamar es un proceso que gira sobre una estructura de corrupción construida para desfalcar al Estado y mantenerlo como un rehén de la corrupción.

“Se han depositado querellas en el tribunal, razón por la que motivó el aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes”, indicó.

La marcha verde

Miembros de la Marcha Vede se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Justicia mientras se conocía la medida de coerción. El movimiento consideró que el expediente del Ministerio Público se sustenta en bases jurídicas-penales y no en bases políticas, como han alegado diversos sectores.
vehículo afectado

Tras el aplazamiento de la audiencia hubo momentos de tensión cuando agentes de la Policía Nacional impidieron que una manifestación encabezada por el senador Yván Lorenzo, vocero del Bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegara al Palacio de Justicia. El vehículo de la regidora Fiordaliza Pichardo fue impactado.