El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la Ley número 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por violación al artículo 112 de la Constitución que establece el procedimiento legislativo para la aprobación de las leyes orgánicas.
La disposición está contenida en la sentencia TC/0767/24, dictada por la alta corte, al acoger la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el 18 de marzo del año en curso, por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
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El tribunal consideró que la Ley 1-24 debió ser aprobada conforme al procedimiento establecido por la Constitución para las leyes orgánicas, tomando en cuenta que regula aspectos de la seguridad nacional y defensa del Estado, una de las áreas que, de acuerdo a la Carta Sustantiva, requiere regulación mediante esa categoría de leyes.
A juicio del Tribunal Constitucional, para que una ley sea considerada como orgánica, no solo debe versar sobre una de las materias señaladas por el artículo 112 de la Constitución y contar con los votos de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras legislativas, sino, que en adición, la pieza legislativa debe consignar expresamente en su nombre y, muy especialmente, en las convocatorias que se realizan para su trámite legislativo, que se trata de una ley con carácter orgánico, lo que no ocurrió.
La sentencia indica que la Ley 1-24 no establece en su título que se trata de una pieza de ese tipo, ni en las actas del Congreso ni en las convocatorias. La legislación había sido promulgada por el presidente Luis Abinader el 15 de enero de este año. Fue elaborada y sometida ante el Congreso Nacional por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en junio del 2021. Durante su estudio generó múltiples cuestionamientos, por alegadamente contener artículos que atentaban contra la libertad de prensa y la privacidad de los ciudadanos. De hecho, se le introdujeron algunas modificaciones. La ley contempla transformar el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en una Dirección que trabajará en conjunto con varias instituciones del Estado. La sentencia fue aprobada por el TC, en el pleno del pasado 29 de noviembre, bajo la firma de Napoleón Estévez Lavandier, presidente, junto a los jueces Eunisis Vásquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Aristy, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly, Sonia Díaz, Army Ferreira, Domingo Gil y Amaury Reyes Torres. No figuran las firmas de los magistrados Miguel Valera Montero, María del Carmen Santana y José Alejandro Vargas, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la sentencia, por causas previstas en la ley.