Un tribunal de esta provincia impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica y presentación periódica contra un hombre que fue arrestado en flagrante delito cuando agredía físicamente y amenazaba de muerte con un palo a su expareja, en un hecho ocurrido en mayo pasado en el municipio Las Yayas.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua le impuso a Domingo Ledesma la presentación de una garantía económica por la suma de diez mil pesos en efectivo, y la obligación de presentarse periódicamente por ante el Ministerio Público encargado de la investigación los días 15 y 30 de cada mes por espacio de seis meses.

La jueza Loida Paola Amador Sención adoptó la decisión luego de acoger parcialmente la solicitud que hizo el Ministerio Público en contra de Ledesma, para quien el órgano persecutor de los delitos pidió la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.

La magistrada Amador Sención emitió además una orden protección para la víctima, cuyo nombre se omite para proteger su derecho a la intimidad, ordenando que Ledesma se abstenga de molestarla, amenazarla e intimidarla, además de que le prohibió estar en los lugares que estén siendo frecuentados por esta ni acceder a su domicilio.

En torno al caso, la solicitud de medida de coerción presentada por la fiscal Nelia Antonia Melo Mejía, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Azua, establece que el hecho ocurrió el 22 de mayo de 2023 cuando la víctima acudió a la casa del imputado procurando los ajuares de la casa que este se negaba a entregarle luego de su separación.

Señala que el procesado se mostró muy agresivo y que agredió a la mujer con un palo por la espalda, la cabeza y el brazo derecho, ocasionándole trauma contuso tipo equimosis, así como trauma contuso tipo hematoma y laceraciones, según consta en el certificado médico legal emitido a la víctima.

El tribunal otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público para terminar su investigación, presentar requerimiento conclusivo o disponer el archivo.

El hecho recibió la calificación jurídica de violencia doméstica o intrafamiliar, agresión verbal, física y psicológica, en violación de los artículos 307, 309 y 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.