Tribunal rechaza acusación MP en caso Los Tres Brazos

Tribunal rechaza acusación MP en caso Los Tres Brazos

Líos de tierra en los Tres Brazos.

Cuatro años después de su sometimiento a la justicia todos los imputados de estafar al Estado con la venta ilegal del barrio Los Tres Brazos fueron exonerados de ir a juicio de fondo, porque según el juez del Sexto Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes que sustentaran su acusación.

Con este suman tres los procesos judiciales en que el Ministerio Público sale perdido por insuficiencia de pruebas contra los encartados, y bajo la advertencia de los jueces de que no actúan por presión mediática. Los casos anteriores son Odebrecht (parcial) y Tucano.

Así lo externó ayer el magistrado Juan Francisco Consoró al dictar el “No ha lugar” a favor del exdirector de Corde Leoncio Almánzar; los funcionarios de la institución Manuel Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

“Si no hubiese estado Henry Molina en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no se hubiera presentado un descargo a los implicados del caso, porque se estaría llamando y presionando para que acogiera lo contrario”, dijo el magistrado Rodríguez Consoró en las motivaciones de su sentencia, en lo que parece ser una línea entre los jueces.

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Los demás imputados liberados son Juana Inés Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y sus empleados Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; y la empresa Teknowlogic Dominicana S.R.L.

El Ministerio Público acusó al grupo de exfuncionarios de pactar entre sí para venderle a “precios pírricos” y violando la ley, a las empresas y demás personas físicas encartadas en el expediente, y solicitó al tribunal enviarlos a todos juicio de fondo.

Con el negocio los imputados tenía calculado que obtendrían ganancias por unos RD$5,000 millones.

El Ministerio Público la calificó como “decepcionante” y “divorciada del derecho” el fallo del juez, y anunció que al igual que en los casos Odebrecht y Tucano, lo apelará.

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