El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó ayer una solicitud hecha por la defensa de Esmeralda Ortega Polanco, imputada en el caso Coral 5G, mediante la cual procuraba que el Ministerio Público y otras entidades le entreguen los documentos sobre la información financiera.

También suspendió la audiencia donde se conocería una petición similar hecha por el también imputado Juan Carlos Torres Robiou (FARD), a fin de que la Contraloría General de la República esté representada en el tribunal.

La petición de Ortega Polanco fue rechazada por considerar el juez Raymundo Mejía que la misma carecía de objeto ya los documentos solicitados son de libre acceso y no requieren autorización judicial para su entrega, como planteó el Ministerio Público.

Se trata de información bancaria, y de auditoría realizada por la Contraloría General, dijo la coordinadora de litigación de la procuraduría anticorrupción (Pepca) Mirna Ortiz.

Esmeralda Ortega Polanco y Robiou están acusados junto a otras personas de formar una supuesta red de corrupción que habría movido unos RD$4,500 millones del erario, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el MP en las denominadas operaciones Coral y Coral 5G que incluye a altos oficiales.

A Robiou, quien es sindicado como líder de la red le fue ratificada en marzo pasado la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo en San Cristóbal; mientras a Ortega Polanco se le varió la misma por impedimento de salida del país, presentación periódica y el depósito de una garantía económica de RD$1 millón.

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Antecedentes

Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.

El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.

A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.