Loyda Peña 
Sede del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la demanda en responsabilidad patrimonial incoada por Manuel Antonio Regalado Martínez en contra del Poder Ejecutivo y una serie de entidades y de funcionarios públicos, incluyendo a los expresidentedes de la República Danilo Medina y al de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guamán; la Procuraduría General de la República, y Jean Alain Rodríguez, etc, a los fines de que sean condenados al pago de RD$50 millones por los supuestos daños a su integridad física y psicológica de que habría sido objeto tras los incidentes que se presentaron en las pasadas elecciones nacionales en la JCE, y por la que él fue acusado de supuesto sabotaje al centro de cómputos del órgano electoral.
El tribunal rechazó las pretensiones del extécnico de Claro, por entender que “no pudo presentar más allá de todo estándar de prueba la acreditaciòn de las responsabilidades patrimoniales de las partes recurridas”, entre otras razones.
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Para que la defensa pueda conocer a fondo el expediente, el Juzgado de Atención Permanente de Santiago aplazó para el viernes la audiencia de solicitud de coerción a tres agentes de la Policía, acusados de matar a golpes a Richard Rafael Báez, el Peluquero, al que detuvieron frente a su casa en el sector Cienfuegos.
Los imputados, el capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la zona; el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, habrían incurrido en asociación de malhechores, homicidio y robo.
El abogado de la familia, Adriano Bonifacio Espinal, advirtió que ante ese “crimen y asesinato” demostrarán con todas las pruebas que poseen que “esos tres bandidos de la Policía Nacional” fueron los que le causaron la muerte al joven, cuya esposa está embarazada y al que definió decente, talentoso, miembro de una familia trabajadora, ejemplar.
La otra parte
Francisco Javier Azcona, representante de los imputados como parte del cuerpo de abogados de la Policía, afirmó que el día en el que fue arrestado Báez sus defendidos cumplían con su deber, trabajar contra la delincuencia.
“Los agentes actuaron de forma correcta, y hay que aclarar que el joven Richard tenía cinco fichas o registros judiciales por diferentes tipos penales y estaba haciendo disparos al aire, enfrentó a los agentes”, aseguró.
La muerte del joven después de ser llevado a un destacamento es la primera de tres ocurridas tras detenciones en abril, la segunda fue en Ocoa y la otra en el Distrito Nacional.
