La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que los graves acontecimientos de los últimos días vinculados a actuaciones policiales “deslegitiman” y afectan los procesos institucionales para transformar la institución, y obligan al Ministerio Público a jugar su rol porque trascienden el orden público.

Se refiere la entidad de la sociedad civil a las muertes de José Gregorio Custodio y David de los Santos, ocurridas los días 18 y 27 de abril; y los incidentes del día 11 en el Canódromo donde fueron agredidos el Defensor del Pueblo y varios periodistas.

Dijo que ante estos hechos es “urgente” que se realicen “investigaciones profundas, expeditas y completas, apegadas al debido proceso, y se adopten respuestas contundentes”, para que los avances logrados en los últimos meses en la reforma policial no se vena empañados.

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Custodio fue apresado por la policía en la madrugada del 18 de abril, y falleció al otro día en un hospital de San José de Ocoa, a causa de golpes que habría recibido en el destacamento policial.

De los Santos, de su lado, quien habría sufrido una supuesta “crisis mental” en una plaza comercial de esta Capital, fue llevado al Cuartel de ensanche Naco y desde allí trasladado en una Unidad del 9-1-1 al Hospital Moscoso Puello donde falleció.

El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, parte de su equipo, y varios medios de la prensa que lo acompañaban durante una visita de inspección que realizaría al Canódromo que es utilizado como depósito de vehículos incautados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), fueron atropellados físicamente por la seguridad dispuesta allí.

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“Estos graves acontecimientos que han impactado a la opinión pública en las últimas semanas, deslegitiman y afectan los procesos institucionales en marcha para transformar y profesionalizar la Policía Nacional”, sostuvo la Finjus en un documento de prensa.

Lo que incluye

La reforma policial anunciada por el presidente Luis Abinader incluye la evaluación del desempeño de todos los miembros de la institución por parte de una firma internacional reconocida, para determinar cuáles sirven para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos; profesionalización de sus funcionarios, mejoras en condiciones de trabajo para miembros, entre otros.