Decenas de organizaciones sociales propugnaron hoy por una profunda transformación del Seguro Familiar de Salud (SFS) para garantizar que éste cubra el alto costo de los servicios y medicamentos que requiere la población cuando se enferma. Las entidades también reclamaron el relanzamiento y renovación de la estrategia de Atención Primaria en Salud.

A participar en un acto conmemorativo del Día Mundial de a Salud, cientos de dirigentes sociales de distintas regiones del país, advirtieron que los servicios de salud son muy caros y lamentaron que el Seguro Familiar de Salud no asuma ese costo pese a que el 96% de la población, según cifras oficiales, tiene algún tipo de aseguramiento.

La actividad fue convocada por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA). Su coordinadora general, Alba Reyes, explicó que es injusto que cuando la población asegurada procura servicios sanitarios debe sacar de sus bolsillos un promedio del 45% del valor de mercado porque el Seguro no cubre ni siquiera la totalidad del costo de las consultas ni de los procedimientos médicos esenciales.

“Quienes no tienen dinero para ese copago sufren y hasta mueren sin acceder a los servicios que por derecho les corresponden”, precisó.

Agregó que a este alto costo de la salud se agrega la limitada cobertura de los seguros y criticó que ni siquiera el plan básico de servicios que contempla la ley lo cubren los seguros.

ADESA entiende que este es uno de los graves problemas del Sistema de Seguridad Social del país: la baja cobertura y el alto costo de la salud y lamenta que el Estado no ha hecho lo suficiente para garantizar el derecho a la salud, contemplado en el artículo No.61 de la Constitución de la República y en varias leyes adjetivas.

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Es obvia la debilidad e incapacidad de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y del Ministerio de Salud frente a los abusos que contra los afiliados del SFS cometen las aseguradoras de riesgos de Salud (ARS) y los prestadores de servicios (clínicas, laboratorios, médicos especialistas, farmacias).

En el acto se presentó un documento de 4 paginas en el que ADESA pasa balance a los 23 años del Seguro Familiar de Salud, relatando su origen, antecedentes, objetivos y resultados.

El Estado ha prestado más atención a la afiliación de la población al Seguro Familiar de Salud que a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sanitarios a los que las personas tienen derecho, explica el texto.

A enero del cursante año 2024, la afiliación al SFS alcanzó la cifra de 10,338.055 personas, de acuerdo al las estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Este dato indica que el 96% de la población total del país, que asciende a 10,771,504 personas, disponen de algún aseguramiento. El 4% restante, equivalente en términos absolutos a 433,449, está fuera de los regímenes de aseguramiento.

“La afiliación no es suficiente para garantizar el acceso a servicios preventivos y curativos”, dice la entidad.

Un factor que incide en la crisis sanitaria es la reducción y/o estancamiento de la inversión pública en salud. Esto se traduce en precarias condiciones de las unidades de atención primaria y de los hospitales estatales. Como consecuencia de ese deterioro, una población creciente es empujada a procurar en los centros privados los servicios que el Estado le niega.

“El Estado debería invertir en salud un 6% del Producto Interno Bruto y sólo invierte una tercera parte, es decir, cerca de un 2% del PIB anual”, precisa ADESA.

Además de Alba Reyes, participaron en la presentación del documento, Elsa Sánchez, de la Articulación Nacional Campesina, Manuel Pérez, líder de ADESA en la Región Sur, Vanessa Rodríguez, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo y Catalina…, de ACOPRO.

Para transformar y eficientizar el Seguro Familiar de Salud, ADESA propone 19 medidas que abarcan la ampliar la cobertura efectiva de servicios para los principales problemas y necesidades de salud por parte del SFS a fin de que las ARS cubran todos los requerimientos de salud que requiera una persona afiliada.

Además sugiere reducir a no más de un 10% el copago y limitarlo a situaciones especiales y aplicar y aplicar el Plan Básico de Salud, no al PDSS, incorporando el cubrimiento de los gastos de las enfermedades de altos costos.

También propone eliminar el derecho al veto que tienen los empresarios para invalidar decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social; establecer que las ARS deben cubrir los gastos de pacientes con enfermedades catastróficas o de altos costos y reducir los transmites burocráticos que impusieron las ARS para autorizar los servicios que requieren los afiliados al SFS.

También propone ADESA al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que cumplan y hagan cumplir los derechos de los afiliados al SFS. Sugiere ponerle tope al costo de las consultas médicas y a todos los procedimientos de salud, reelanzar y universalizar la estrategia de Atención Primaria Integral de Salud, aplicable en el sector público y privado y pide la integración de ADESA en el Consejo Nacional de Seguridad Social, por ser ésta la principal organización de usuarios y usuarias de los servicios de salud.