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Tal como se explicó en el artículo anterior, ante la ocupación de la islita Alto Velo, el gobierno dominicano envió al lugar una comisión de alto nivel para efectuar el desalojo. Al llegar, los comisionados conversaron con John A. Miller, encargado de los trabajos de explotación del fertilizante, el conocido guano de la aves marinas, que realizaban once ciudadanos estadounidenses.

Cuando le cuestionaron acerca de su presencia allí, éste respondió que él representaba al capitán S. R. Kimball. De acuerdo a sus palabras, estaban amparados en la Ley del Guano que había aprobado el Congreso estadounidense en agosto de 1856.

José Gabriel García, secretario de la comisión, le explicó a Miller que Alto Velo no está incluida en la resolución acerca del guano dictada por el Congreso de su país, pues esa isla pertenecía a la jurisdicción de la República Dominicana. Aunque el representante del capitán Kimball hacía resistencia a las reiteradas solicitudes de que abandonaran el lugar, fueron conducidos a Santo Domingo en la goleta “Mercedes”. Además de las maderas de las casuchas, trasladaron algunos mulos, provisiones y herramientas.

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Cuando llegaron a la Capital, luego de cuatro días de viaje, con el personal y los utensilios utilizados en la extracción del guano, en vez de someter a juicio a los aventureros y confiscarles esas piezas como cuerpo del delito, el gobierno de Pedro Santana ordenó que fueran puestos a disposición del cónsul Jonathan Elliot. Al parecer, al gobierno solo le interesaba la recuperación de la propiedad sobre Alto Velo.
El cónsul norteamericano manifestó a Felipe Fernández de Castro, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que tenía la esperanza de que la situación se solucionara sin intervención oficial, pero con la llegada del capitán Kimball a territorio dominicano, apenas empezaban a desatarse los conflictos en los que estaban envueltos los empresarios de la Compañía Petterson y Murguiendo, así como los gobiernos dominicano y estadounidense.

La administración del general Santana comprobó que los extranjeros habían enviado hacia los Estados Unidos seis cargamentos del fertilizante, equivalentes a 1.033 toneladas, valoradas de 40 dólares a 50 dólares cada una, al tiempo que el capitán Kimball sostenía que las había vendido a razón de 14 dólares. La República Dominicana exigía una compensación por la gran cantidad de guano extraída. Sin embargo, Kimball decía que por las ventas realizadas apenas alcanzaban para cubrir los gastos de producción y transporte, y se negaba a negociar con el gobierno dominicano si se tomaba como base de las discusiones el precio original.

Mientras las partes negociaban los detalles del caso, en octubre de 1860 ocurrió un hecho insólito: aprovechando la extensión de una de las reuniones de las negociaciones, el grupo de norteamericnos trasladó a la goleta “Alice Mowe” sus enseres de trabajo para intentar marcharse clandestinamente del país. Las autoridades dominicanas, informadas de la situación, lo impidieron al apresar a los prófugos ya mar adentro. Por ello, curiosamente, reclamaron al gobierno dominicano el pago “por daños y perjuicio por la detención de su barco”.

El 8 de enero de 1861, la Compañía Patterson y Murguiendo exigiría a Jeremiah S. Black, secretario de Estado del gobierno de James Buchanan, que formulara una protesta contra la administración dominicana por lo sucedido. Black le respondió que el gobierno de Santana alegara tener jurisdicción sobre la isla, y que, por ello, el Departamento de Estado, antes de dar pasos en esa dirección, estimaba oportuno encomendar a William Cazneau, el enviado especial en Santo Domingo, la misión de investigar todo lo referente al caso. Gran paradoja: Cazneau había desempeñado un papel destacado en el conflicto, desde sus orígenes.