Río de Janeiro. – Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el expresidente Lula contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad.

La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, presidente de la mayor economía latinoamericana entre 2003 y 2010.

Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un ‘habeas corpus’ que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen los recursos en todas las instancias judiciales superiores.

Ese camino puede tardar años en recorrerse, empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF. Los abogados del expresidente denunciaron una «condena ilegal» y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas este lunes.

Dijeron que, a su entender, «no se agotaron los recursos» de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro de la misma corte de apelaciones (TRF4), una tentativa rara vez admitida, según juristas. Tras el fallo del TRF4, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.

«El respeto que pretendo tengan conmigo es que juzguen el mérito del caso. ¿Arrestarme para sacarme de las calles? Estaré en las calles a través de ustedes (…) Ahora más que nunca quiero ser candidato a la presidencia de la República», dijo horas más tarde el exlíder sindical durante un acto en Foz do Iguaçu (sur), en la triple frontera con Paraguay y Argentina.

Lula fue condenado el año pasado a nueve años y medio de cárcel por el juez de primera instancia Sergio Moro, como beneficiario de un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Esa sentencia fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el TRF4. El caso se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que implicó a políticos de casi todos los partidos, arrastró a grandes constructoras como Odebrecht y se extendió por una docena de países entre América Latina, Estados Unidos, Europa y África.

El exmandatario enfrenta otros seis procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración de las «élites» para impedirle volver al poder.

La decisión del STF el 4 de abril es aguardada con ansiedad. Si es aceptado, el recurso para Lula podría abrir la puerta a decenas de pedidos similares por parte de otros condenados en segunda instancia para salir de la cárcel y aliviar a numerosas personalidades que están en la mira de las investigaciones, como el presidente conservador Michel Temer y varios de sus principales colaboradores.

El retorno, cada vez más cuesta arriba. La gira de precampaña proselitista de Lula por el sur del país estuvo marcada por incidentes provocados por sus adversarios, que atacaron a pedradas los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.

La expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, destituida en 2016, expresó en una rueda de prensa en Rio de Janeiro su temor de que durante la campaña se produzca un «baño de violencia» contra el PT. La gira concluirá el miércoles en Curitiba, la ciudad donde oficia el juez Moro, apodada «capital de la Operación Lava Lato», donde grupos de derecha llamaron a concentrarse.

Las mismas razones que lo acercan de la cárcel, alejan a Lula de las elecciones: según la justicia electoral, la llamada ley de «ficha limpia» prohíbe a condenados con sentencia firme de segundo grado disputar cargos electivos.
Pero la última palabra al respecto la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que analizará las candidaturas entre julio y agosto.

Queda por saber si el Partido de los Trabajadores (PT) está decidido a correr el riesgo de apostar a fondo por un candidato comprometido de llegar hasta el final, pese a su favoritismo en las encuestas. Rousseff aseguró que «no hay un plan B» en el PT y que el PT quería esperar la decisión del STF el 4 de abril para analizar sus próximos pasos.