La nación supo que once niños habían muerto el pasado fin de semana en el hospital infantil Robert Reid Cabral, porque el Listín Diario publicó responsablemente la primicia el lunes. Sino hubiese ocurrido esa publicación, las muertes hubieran pasado inadvertidas, porque, según se ha dicho, es algo normal que cada semana, desde hace mucho tiempo, fallezcan en ese centro asistencial entre 10 y 12 infantes; un dato escalofriante y conformista. ¿Qué puede esperarse de un hospital donde murieron 5,600 niños entre 2006 y 2012?

Alarmada la opinión pública, el Presidente Danilo Medina -en estado de shock, según su portavoz Roberto Rodríguez Marchena-, designó una comisión para establecer causas y responsabilidades.

En menos de 72 horas, los comisionados, el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, Sigfrido Pared Pérez, director del DNI: Manuel Castro Castillo, Jefe de Policía, y Altagracia Guzmán Marcelino, del SENASA, produjeron un informe complaciente que prácticamente deja las cosas igual que antes.

Habla de faltas y negligencias presentadas y comprobadas en los casos, y recomienda al Ministerio de Salud proceder a las sanciones administrativas y profesionales de conformidad con las normas establecidas. Pero no establece si la causa de la tragedia fue accidental o deliberada, si la avería en el suministro de oxígeno fue intencional o casual, ni dejó claro el grado de responsabilidad del personal médico o paramédico, con nombres y apellidos, en el caso. No investigó por qué los centros de salud privados envían apreciable cantidad de niños graves y desahuciados a morir en el Robert Reid. ¿No sería ese lúgubre trasiego de infantes muertos, la mayoría de familias pobres, fuente del trafico de órganos humanos?

La comisión se quedó corta. Esa tragedia va más allá de fallas sistémicas, descuidos humanos o deficiencia hospitalaria. Lamentablemente, las víctimas infantiles no pueden defenderse.