El exdiputado del PRM Andrés Miguel Gutiérrez Díaz, sentenciado por un tribunal de Miami a 16 años de prisión por narcotráfico, es el primer legislador dominicano condenado por un tribunal de los Estados Unidos, primicia de la cual el exlegislador por Santiago no debe sentirse orgulloso ni tampoco el país donde resultó el más votado de su demarcación en las elecciones del 2020.

La sentencia de Gutiérrez Díaz, apresado en el 2021 al llegar a territorio norteamericano, no podrá ser apelada según el acuerdo al que arribó con las autoridades judiciales, mediante el cual se comprometió también a entregar bienes por valor de 7.5 millones de dólares que se calcula habrían sido sus ganancias producto de la distribución de cocaína. Todavía hay gente en Santiago, y particularmente en su natal Gurabo, donde estableció su emporio inmobiliario, a la que le cuesta creer y aceptar que un empresario generoso, que se preocupaba por la suerte de los más necesitados, fuera al mismo tiempo un narcotraficante que utilizaba sus empresas como mampara, no solo para ocultar sus negocios ilícitos sino también para garantizarse apoyo social como hizo el célebre capo Pablo Escobar.

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Y no hay dudas de que lo consiguió, como demuestra el caudal de votos que recibió, así como la carta enviada por el párroco y el presidente de la Junta de Vecinos de Gurabo, tan solo dos de las decenas de ciudadanos que según lo que publicó ayer Listín Diario escribieron cartas en su favor al juez apoderado del caso. En su carta el reverendo Nelson Rafael Paulino insta al juez Roy K. Almant a tomar en cuenta “el amplio espectro de virtudes y contribuciones positivas” del exlegislador, a quien describió como un hombre ejemplar comprometido con su familia y su comunidad. Es evidente que el juez que lo condenó ignoró los argumentos del religioso devenido en abogado del diablo, quien no supo darse cuenta a tiempo de que un lobo disfrazado de oveja se infiltró en su rebaño.