En la semana recién transcurrida se han registrado muchas muestras de la actividad frenética de los partidos y otras organizaciones públicas y personalidades, con relación a su posicionamiento frente a las elecciones generales del año 2016, que de acuerdo a la Constitución del 2010 serán las únicas que elegirán simultáneamente a las autoridades y representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y los municipios, y en consecuencia la definición de la Cámara de Cuentas, la Junta Central y las “Altas Cortes”. Se produjeron, sin embargo, llamados de las cabezas de dos organismos oficiales encabezadas por dirigentes el PLD, que llaman la atención, por lo acertadas que resultan, para contribuir a despejar el ambiente de incertidumbre que existe, causado precisamente por las actuaciones de personeros de ese partido. Se trata del Director General de Impuestos Internos, Guarocuya Félix y del Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.

Félix, el primero de estos, señala una verdad como un templo: que para ser posible un Pacto Fiscal y un Pacto Eléctrico (además de un verdadero cumplimiento del Pacto Educativo), es necesario que haya un Pacto Político.

Esto es, que se establezcan reglas de juego que son elementales en una democracia, para que no se siga ensombreciendo el panorama sociopolítico dominicano. Las amenazas de que fueron objeto verdaderos pilares del periodismo dominicano, como Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Roberto Cavada y Amelia Deschamps, acusándolos de traidores a la patria, son muestras del peligro en que se está de caer en el precipicio del caos y la violencia política, activada por los prohombres de la caverna dominicana, que prefieren unos meses de protagonismo personal al bienestar del pueblo.

Así mismo, el reclamo de Rosario Márquez porque se apruebe una ley orgánica electoral que sustituya a la actual ley obsoleta; y la traída y llevada ley de partidos políticos, es algo legítimo; pero en la medida en que no se pretenda desconocer los aportes de los demás partidos y organizaciones que procuran diafanizar los procesos electorales y la democracia interna de los partidos. Lo que pasa en el caso de la JCE, es que este ha venido actuando desde la presidencia de ese organismo de forma parcializada, contra la identificación de los dominicanos a que tienen derecho todos los nacidos aquí hasta el año 2010 en que se incluyó en nuestra Carta Magna la prohibición de la nacionalidad “Jus Soli” para los hijos de extranjeros indocumentados, así como con el manejo personal y acomodaticio de la JCE, las juntas municipales y los colegios electorales, en perjuicio de la limpieza de los procesos comiciales, de los que se derivan los poderes del Estado.

La inseguridad y el empobrecimiento colectivos, así como la baja calidad de vida de los dominicanos, son hechos que están a la vista de todos;

y merecemos de una vez un verdadero pacto político democrático y una ley electoral libre de toda sospecha, administrada con la ecuanimidad y prudencia que se merecen.