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El acceso a un techo digno en República Dominicana ha estado bajo la adversidad de los altos costos de construcción, bajos ingresos de las familias de clase media baja que deben sobrepasar el 30% de la población total y las debilidades institucionales a ser superadas tanto con leyes como con reglamentos incluyendo el nivel de la municipalidad. Contando con el apoyo técnico de Banco Interamericano de Desarrollo (que en realidad es de modesto financiamiento no reembolsable) las dramáticas carencias habitacionales resultan un verdadero desafío ante la estimación de que hacen vida de pobreza y miseria en alojamientos críticos millón y medio de familias, cifra alejadas de las que con tono propagandístico suele brindar el oficialismo.
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No basadas en estudios serios, minuciosos e independientes que desde hace tiempo provee con sentido social el Foro Ciudadano. Sin los aportes de esta entidad desvinculada del quehacer partidario y sin fines de lucro no habría conciencia fiel de un mal lacerante en la ruralidad, cinturones de miseria y enclaves de mucha pobreza en plenas ciudades. El Gobierno está llamado a emprender una reforma del sector habitacional contra la negación de acceso al mercado formal para un crecido segmento afectado además por un inquilinato constreñido, opción para vivir decentemente sin ser propietario. Mercado que debe crecer con una demorada ley que incentive fabricar para la renta como se pretende habiéndose multiplicado dramáticamente los hogares en los que solo está la madre.
