No exagero si digo desde aquí que no hay lugar en la geografía nacional, por más apartado que esté, al que no hayan llegado las drogas y quienes se dedican al infame negocio de distribuirlas, y por eso estamos pagando las consecuencias de una actividad ilegal asociada a la mayoría de las acciones delictivas que han convertido a la República Dominicana en un país inseguro y violento.

Pero aún aceptando, porque no hay de otra, esa realidad con la que tenemos desgraciadamente que convivir, han causado gran revuelo las declaraciones de un coronel piloto de la Fuerza Aérea de que su taller de aeronáutica es utilizado para el tráfico de drogas, que supuestamente adquieren y consumen miembros de la institución castrense.

La reacción de la jefatura de la Fuerza Aérea no se hizo esperar informando a la opinión pública la conformación de una comisión interinstitucional que investigará la veracidad de la denuncia del coronel Santiago Almonte Batista, a quien describe como un oficial que en tres décadas de servicio ha logrado desempeñarse de manera satisfactoria.

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Sin embargo el comunicado no indica cuáles instituciones conformarán esa comisión, que ha recibido críticas, casi todas por la misma razón: nadie está dispuesto a creer en sus resultados, ya que se estaría investigando a sí misma. Además de que se trata de un asunto de orden público como lo es el tráfico de drogas, lo que significa que esa comisión, por más interinstitucional que sea, no resulta suficiente para esclarecer un hecho de tanta gravedad.

Por suerte ayer nos enteramos, a través de El Nacional, de que la Procuraduría ya inició una investigación de la denuncia del oficial, quien asegura tener pruebas de lo que dijo.

Y como esa es la investigación en la que, por razones institucionales, debemos creer, esperemos que al Ministerio Público se le permita hacer su trabajo con total libertad, aunque en la búsqueda de la verdad tropiece con algunas sorpresas desagradables.