Entre los juristas en bien conocida la obra de Eugenio Raúl Zaffaroni titulada: “en busca de las penas perdidas”, la cual, es una crítica audaz del deplorable sistema penitenciario en que subsisten millones de internos en América Latina, lo cual, por las condiciones de hacinamiento, ausencia de programas de reinserción y trato digno de las cárceles, se convierten en un instrumento de “deslegitimación del sistema penal”, generando una crisis del discurso jurídico – penal.

Ese proceso de “deslegitimación” tiene su arraigo en el “desprestigio de los discurso penales latinoamericanos por sus vínculos ideológicos genocidas” (Zaffaroni, 1998). Esto se refleja en el constante olvido y rechazo a las políticas de reinserción y tratos humanos a los privados de libertad, o lo que es lo mismo, las deplorables condiciones de los centros de privación de libertad.

Sin embargo, la respuesta dada mediante el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, presentado en esta semana por iniciativa del Procurador General de la República, Jean Rodríguez, constituye un proyecto que cumple con la necesidad de legitimar el sistema penal con una política de trascendencia social consistente en mejorar la infraestructura y la reinserción de los internos privados de libertad.

Todo esto se justifica en que el sistema penal no puede operar en ausencia del principio de legalidad, y de la política criminal debe cumplir con dos elementos fundamentales: a) la coherencia del discurso jurídico penal, el cual se configura no solo con las políticas de persecución penal, la sanción y las penas impuestas por los tribunales de la República, sino también, completando la fase posterior relativa a las garantías máximas que deben aplicarse en la ejecución de las sanciones o penas privativas de libertad; y b) el valor de la verdad en cuanto a la operatividad social del sistema penal, lo cual se logra con una relación lógica entre sanción y reinserción.

El discurso penal tiene coherencia cuando es racional y verdadero, y con el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, la Procuraduría General de la República ha propuesto concretizar un modelo de gestión penitenciario único, conforme a los estándares de una gestión penitenciaria actualizada en el siglo XXI, tal como lo describe las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Si nos detenemos a observar el diagnóstico actual del sistema penitenciario de la República Dominicana nos encontraremos que las condiciones de hacinamiento siempre han sido deplorables, con 41 recintos en todo el territorio nacional, 19 de estos pertenecen al “viejo modelo”, el cual alberga una población de 16,616 privados de libertad. Por otro lado, los 22 recintos restantes pertenecen al llamado “nuevo modelo de gestión penitenciaria”, con un total de privados de libertad de 9,542 internos, para un total de 26 mil internos a nivel nacional.
El impacto en la reducción de los niveles de reincidencia, la disminución de la violencia y la criminalidad implica la necesidad impostergable de gestionar los centros de privación de libertad con un Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional como el que ha sido propuesto por el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, para que todas las infraestructuras penitenciarias, cumplan con todas las normas internacionales de Derechos Humanos.
En fin, valorar el esfuerzo de la construcción de un proyecto que cumpla con los estándares contenidos en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional se traducirá en un proyecto memorable y extraordinario que propiciará: el respeto a la dignidad humana de los privados de libertad; educación y formación continua de los internos; la asistencia a internos pertenecientes a grupos vulnerables; centros de privación de libertad con servicios médicos y sanitarios de calidad; restricciones, disciplinas y sanciones para los internos que no cumplan con los planes de reinserción; la erradicación de muertes o torturas a privados de libertad; acceso inmediato a representación jurídica; trámite eficiente de quejas e inspecciones; capacitación y profesionalización del personal que conforman los centros privativos de libertad.
Nelson Mandela tuvo bastante razón cuando dijo, con la fuerza de su espíritu inquebrantable: “suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
Enhorabuena, valoremos y apoyemos el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional.