Hoy 
Una Constitución de efecto reducido por falta de leyes. Tras ser aprobada hace doce años (2010) una Carta Magna ajustada a los tiempos y prioridades de la sociedad dominicana, lo que a continuación procedía era dotar a la República de las herramientas adjetivas imprescindibles para lograr que rija la vida nacional a plenitud.
Al no proceder con la funcionalidad y sentido de oportunidad requeridos para adecuar una serie de leyes a una configuración constitucional diferente, el Congreso Nacional tiene creados unos vacíos que restan, al menos, autoridad al Estado en sus fines de ser guía y equilibrio de toda una nación.
Los demás poderes y órganos del orden jurídico necesitan de la firmeza y certeza que deben provenir de las legislaciones que conduzcan a la aplicación en letra y espíritu de la piedra angular del sistema.
Habría que reconocer que la falta de voluntad política ha impedido superar una inercia costosa para la institucionalidad, siendo el Poder Legislativo la representación de una diversidad partidaria y colegiada que responde a liderazgos mayoritarios que han debido influir para servir mejor al país. Rara vez se escapa a esa superioridad.
Tratándose de un órgano de máxima importancia en la separación de los poderes, a cuyos escaños se llega por el veredicto de las urnas, tan trascendentes son su legitimidad como sus obligaciones para con la nación y el imperio de las leyes de que dotan al país que los ha investido de principalía, autoridad y excelente remuneraciones y privilegios.
