Una frontera difusa entre gastos sociales convenientes y el pródigo paternalismo

Una frontera difusa entre gastos sociales convenientes y el pródigo paternalismo

Considerables presiones coyunturales por la pandemia desde el año 2020 y las secuelas económicas por conflictos internacionales han llevado a conceder preponderancia justa y oportuna a los gastos estatales de mitigación sin que deje de preocupar en el debate mediático el perfil personalista del presidencialismo y de asistencia incondicional con que fluyen renglones de ayuda. Una generosidad de manos llenas a base de tarjetas e intensidad de subsidios hacia sectores carenciados y hasta de estratos medios a los que no se compromete, a cambio de lo recibido, a crecer productivamente.

Empeñado en paliativos, quizás más de lo necesario y sobrepasado el margen crítico del azote a la salud colectiva, el Gobierno mantiene un protagonismo de donaciones que lo ayudarían políticamente en tiempo de elecciones pero que posterga acciones de largo plazo para soluciones perdurables al mantener un nivel de inversiones como proporción del PBI inferior al que existía antes de la emergencia sanitaria; lo que ya algunos economistas consideran insostenible para el desarrollo y el crecimiento. Una situación artificial de «progreso y bienestar» motorizada en buena parte por un endeudamiento público que cada día sale más caro por la subida mundial de tasas de intereses.

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El país se aleja de algunas recomendaciones pertinentes. En atención a que América Latina y el Caribe viven tiempos inciertos, «complejos y de incertidumbres», el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone a los países políticas públicas centradas en la inversión y en innovaciones que permitan la prosperidad, unos lineamentos a los que el Estado dominicano parece descuidar.

Con especificaciones, la entidad multilateral recomienda que los gobiernos enfoquen sus inversiones en bienes públicos; desde energía renovable hasta la preparación para nuevas pandemias y peligros naturales extremos. Poniendo el dedo en la llaga, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL recordó que el año pasado en esta región a que pertenece República Dominicana se mantenía para el futuro inmediato una proyección de tasas de pobreza y pobreza extrema similares a las de antes del covid-19. Concentrarse demasiado en los inmediatismos que no aseguran el futuro, está cuestionado.

Seducen votantes

El Estado dominicano ha sido criticado desde foros jurídicos por recurrir al paternalismo como herramienta para generar dependencia, «de manera histórica» constituido en el mayor empleador durante 50 años, lo que hace que un número cercano a las 800 mil familias dependa directa o indirectamente de salarios provistos por el Erario. Una opinión: La política estatal dominicana es producto de una ingeniería social de décadas, engendrada para mantener la ostensible voluntad vulnerable del conglomerado social adherida al asistencialismo precario de las autoridades.

El analista de temas sociales, Francisco Álvarez Martínez, criticó la actitud paternalista de los gobiernos dominicanos diciendo que: «Las ayudas sociales, por más que la nomenclatura utilizada pretenda presentar un panorama sofisticado, son en sí una solución paliativa que debió ser sustituida, a lo largo de los años, por servicios públicos eficientes, apoyo directo a la capacitación de profesionales y a la mejoría de la calidad de vida»,

«Se invierte en infraestructura, no en capacitación de maestros y estudiantes. El interés siempre ha sido el progreso tangible en obras físicas y no en educación y preparación de poca visibilidad, pues al final del día un pueblo educado es un pueblo crítico y esto no le conviene a ninguno de los partidos que a lo largo de las décadas han gobernado nuestra nación», añadió aunque en la era del 4% para la educación el Estado ha puesto énfasis en la capacitación magisterial y por primera vez la prueba internacional PISA reconoció algún progreso hacia la calidad de la enseñanza en República Dominicana.

Especialistas perciben al país como afectado por distorsiones causadas desde el quehacer político y gubernamental a partir de relatos y discursos que se expresan para conducir a los ciudadanos a una especia de indefensión.

Se buscar crear el mito de que «solo los políticos son capaces de sacarlos de sus problemas al asumirse estos como redentores y hacedores de favores casi divinos en el plano cotidianos. Quedando la gente reducida a un puñado de necesitados que buscan y esperan ser asistidos». Así lo ha sostenido Amanda Castillo, investigadora social diplomada en Estudios Latinoamericanos y Caribeños.

Paternalismo vicioso

La apatía de un sector de la sociedad cobra magnitud cuando las políticas sociales incluyen la intención de mantener con la comunidad una relación de reciprocidad basada en el favor a la que se recurre desde el poder para, como se dice en sociología: «provocar pactos implícitos de complicidad, sumisión y acriticidad».

Lo ha escrito la antropóloga Tahira Vargas: «Las decisiones electorales de un inmenso segmento de la comunidad carecen de unas condiciones mínimas de autonomía. Millones de personas son beneficiarias directas o indirectas del gobierno de turno, ya sea porque cobran un salario en la nómina pública o dependen de un familiar que lo recibe.» y agrega: «Esta situación provoca el bloqueo a la crítica porque se intenta a evitar a toda costa la “ofensa” que significa el desacuerdo con aquellos que detentan el poder, con la consiguiente pérdida del favor político».

Con alrededor de un 70% de consumidores de todas las categorías de ingresos que no paga el suministro de agua potable, ha prosperado la distorsión conductual colectiva inducida por regímenes posteriores al Trujillato que han mantenido erosionado el principio de autoridad a partir de un «padrefamilismo» irresponsable. Hasta hace poco, al menos, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo facturaba por su servicios a menos de 200 mil instalaciones familiares y empresariales. Y la omisión de pagos y robos por electricidad no han parado de crecer en un área urbana de millones de personas desperdiciando el agua que no pagan como ocurre en la capital, sus entornos y una buena parte del país.

Recientemente el Gobierno se hizo cargo masivamente de las moras que afectaban al Instituto Nacional de la Vivienda (ahora ministerio) librando de deudas a miles de familias (no todas pobres necesariamente) que residen en 71 proyectos habitacionales de todo el país salidos del presupuesto. Más de dos mil millones de pesos de los pagados en impuestos por ciudadanos de honorable vida productiva y lealtad fiscal. A sus costillas va el alojamiento de gente aprovechada y todavía falta la condescendencia para muchos entes más de incumplimientos con el Estado

Una declaración del perremeista en rebeldía Guido Gómez Mazara no tiene desperdicio: «Los programas sociales terminan siendo frízer de pobres. No se transforman en mecanismos de empoderamiento» para quienes sufren necesidades. Y agregó: «el concepto (dadivoso) del cariñito del Día de las Madres, yo lo hubiese transformado en expandir el uso de las tarjetas a las madres para que puedan asistir a las farmacias populares».

¡La teoría vive!

El asistencialismo en América Latina está políticamente impugnado desde la visión de analistas cuestionadores del sistema capitalista que le atribuyen el fin principal de ocultar los problemas sociales como derechos humanos suprimidos o restringidos. «Se le presenta en apariencia como una ayuda, que es mínima, a los sectores necesitados pero en esencia es una inversión generalmente de intención política.»

Críticos sociales han sostenido que todo programa de asistencialismo tenderá al fracaso por ser insostenible en el tiempo, entre otras cosas, «porque las personas tienden a verlo como un derecho a recibir esas concesiones por parte del Estado y cuando les son restringidos, se genera una problemática social». Paliativo que a fin de cuentas no llega a la profundidad de los males y resulta un incentivo a las pobladas.

En la revista peruana Acción Crítica el sociólogo Norberto Alayón fijó el criterio de que «el asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y perpetuar el sistema de explotación». A su entender significa «dar algo de alivio para relativizar y frenar el conflicto y garantizar la preservación de privilegios en manos de unos pocos», con lo cual: » los sectores dominantes producen a gran escala la miseria y la enfermedad para luego crear algunos hospitales y asilos».

Por lo que predica la CEPAL, es evidente que la ayuda social no basta a largo plazo y propone un nuevo marco para la búsqueda del desarrollo buscando conciliar «el crecimiento económico y la equidad social en el contexto de la modernización productiva, destacando la importancia de aumentar la competitividad y velar por los equilibrios macroeconómicos y por el fortalecimiento de la democracia política participativa e inclusiva».

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