Hoy 
Es mucho lo que se espera, y la nación dominicana merece, del sistema en que recae impartir justicia a cargo de jueces que deben distinguirse por su adhesión a principios y valores de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; y de integrantes del Ministerio Público comprometidos a representar a la sociedad investigando delitos y formulando acusaciones conformes con los mandatos de la ley. Convulsos tiempos de mayor incidencia delictiva, criminalidad innovadora y debilidades de control social que comienzan en disfuncionalidades familiares y continúan con insuficiente contención policial al delito, constituyen un desafío de particular intensidad a hombres y mujeres de togas y birretes, sometidos a un elevado volumen de trabajo y riesgos inherentes a tener que dar el frente a los maleantes con propósitos condenatorios. El pasivo judicial (o acumulación de casos) es alto aunque el órgano jurisdiccional superior avanza hacia su disminución. Cuenta mucho que el país ha esperado con impaciencia resoluciones de casos de supuestas corrupción instrumentados con impresionantes perfiles de gravedad en los últimos cuatro años. Desde otro ángulo las preocupaciones que embargan ciudadanos sobre la efectividad de las funciones procesales y contenciosas se trasladan en este momento al cuestionamiento que asciende como la marea a los bajos niveles de remuneración que el Estado reserva para jueces y copartícipes ministeriales en el ámbito tribunalicio.
Puede leer: Ceder en algo y lograr un código aceptable
Los poderes de la República quedan virtualmente emplazados a fortalecer los ejercicios judiciales con salarios a la altura de las responsabilidades, riesgos y capacidades que demandan las investiduras. Y aun más, existe consenso en círculos del derecho en favor de mejorar los sueldos de todos los actores que conforman el sector. En apoyo a la causa se ha puesto de relieve que desde la creación hace años de escuelas que imparten capacitaciones especializadas requeridas para desempeñar funciones en el tren judicial, estos servidores han quedado certificados para ocupar puestos mucho mejor pagados en el sector privado. Mantener bajos los salarios a funcionarios judiciales supone una violación a la Ley de Función Pública que ordena remuneraciones equitativas.
