La lucha contra el narcotráfico, el lavado y otros crímenes transnacionales es global y República Dominicana, profusamente, intercambia información con autoridades de otros países, incluyendo Estados Unidos, desde luego. La mayoría de las interceptaciones al contrabando de cocaína y más sustancias prohibidas que logra la Armada del país en aguas nacionales e internacionales cercanas se derivan del apoyo y seguimiento de la DEA, órgano antinarcóticos estadounidense; una alianza contra el uso persistente y abrumador de este territorio como puente para fluir drogas hacia mercados hemisféricos. A los cárteles de nutridos recursos y saña no se les puede combatir en solitario. Por lo mismo, el proceso local de establecer antecedentes de ciudadanos dominicanos que por vías de elecciones podrían acceder a cuotas de poder no puede prescindir de ninguna fuente calificada, local o del exterior, que facilite el primordial objetivo.
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Sin embargo (aquí está el quid del asunto) recabar ayuda de Washington para obtener sensibles datos personales con propósito de objetar aspirantes a candidaturas cuestionables por sus andanzas clandestinas no debe, por la forma de procurarla, presentar las apariencias de sumisión a hegemonías ni debe suponerse, de primera intención y por prejuicio, que eso ha estado ocurriendo… y no solo en el presente cuatrienio. Cualquier descuido en las formas de actuar provee municiones para los disparos del proselitismo en busca de beneficio político. Estamos en campaña y hay almas que salvar.