El informe que presentó en Washington el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el diferendo migratorio domínico-haitiano es contradictorio, mentiroso y simplista. Miente cuando afirma que existen ciudadanos con riesgo de apátrida y es incapaz de sustentar que la República Dominicana no viola los derechos humanos cuando aplica el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

La comisión reconoció, por una parte, el derecho soberano del Estado dominicano a implementar su política migratoria, pero luego recomienda que ese derecho sea discutido con Haití en un diálogo facilitado por la mediación del organismo hemisférico, lo que significa compartir ese derecho soberano con la nación presumiblemente afectada por la aplicación de tal derecho.

Con razón, el gobierno del Presidente Danilo Medina rechazó tajantemente el informe de marras, pues es patente su parcialidad hacia Haití. Almagro, y los comisionados, se niegan a entender que la Constitución haitiana reconoce como ciudadanos a todos los hijos de haitianos nacidos en el exterior, y la República Dominicana forma parte del “exterior” de Haití, aunque ocupemos la Isla Hispaniola dividida en dos Estados contrapuestos. De manera que el riesgo de apátrida es inexistente para los descendientes de haitianos nacidos fuera de Haití.

El gobierno dominicano jamás puede discutir con Haití un tema concerniente a su soberanía en materia migratoria. Como dijo el Canciller Navarro, existen los mecanismos de diálogo bilateral entre los dos países, que se podrán restablecer tan pronto Michel Martelly y Evans Paul desistan de su campana de descrédito contra la República Dominicana, evadiendo su responsabilidad con la población haitiana, la cual que consiste en desarrollarla y dotarla de documentos de identidad.

¿A qué vino la OEA? A lavar su desastrosa imagen regional mediante un informe contradictorio y simplista, La comisión no era necesaria,