El hecho de que el juez especial de la Suprema Corte de Justicia decida otorgar o no una prórroga para presentar acusación en el caso Odebrecht, no le sumará nada adicional al proceso en contra de los encartados, a menos que no sea un ingrediente adicional para amenizar el circo creado por la Procuraduría y comparte.

Este «jueguito» es viejo y muy malo. Su función consiste en hacerle creer a las personas que el cáncer que afecta la arquitectura institucional sobre la que descansa el sistema de justicia dominicano, podría curarse con una simple pomada. A esto juegan sin pudor la Procuraduría y la Suprema Corte, en mayor o menor medida.

Mientras en otros países como el Ecuador se sentó un precedente al más alto nivel con la condena a seis años de prisión del vicepresidente Jorge Glas por sus vínculos con Odebrecht, en República Dominicana vivimos la esperanza de ver subsanar la dificultad probatoria del debilucho expediente presentado por el Ministerio Público. Que decepción.

En este caso, como en todos los que han involucrado actos de corrupción de personas de poder en el país, el panorama sobre lo que será el resultado final sigue sombrío desde todos los puntos de vista, excepto bajo la mirada de las altas instancias judiciales, acostumbras ya a garantizar impunidad cuando se trata de nombres sonoros.

Ya lo dijo el veterano ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa, al advertir que si los sobornados e intermediarios son personas de renombres que pongan en peligro cierto estamento de poder, el caso no prosperará. Lo mismo hizo la experimentada jueza Mirian Germán Brito, quien con el expediente en manos expresó su preocupación por la suerte del caso.

Existe alta posibilidad de que, ante una decisión benigna en este caso, los dominicanos veamos intensificar los actos de corrupción de legisladores y funcionarios del más alto nivel, con el agravante de que para la población de a pie esto se manifestará en un incremento de la deshonestidad, robos, asesinatos y otras expresiones delictivas.

En definitiva, si algo bueno podemos sacar de este y otros casos que hoy permanecen archivados, es la oportunidad de crear conciencia en cada dominicano para seguir luchando por el fortalecimiento institucional y el cambio rotundo hacia un nuevo modelo que ofrezca mayores derechos y garantías ciudadanas. Nadie vendrá a hacerlo por nosotros.