La opinión pública vacila en aceptar como mera confusión o error que numerosos señores que aparecen en nóminas estatales hayan estado cobrando en la imprecisa calidad de asesores con elevadas remuneraciones siendo en realidad directores departamentales, según aclaración del Palacio. Se ha admitido una incoherencia que indica ausencia de rigor gerencial y de estricta asignación de funciones para hilar fino y colar claro el café tratándose de que el Gobierno es el mayor empleador del país, en libertad para utilizar dineros del contribuyente. Esto, en un momento en que se debate si la calidad de las erogaciones es garantía para que ingresen más valores al fisco por vía de impuestos. Existe una burocracia superpoblada que se aparta de los parámetros de América Latina y de la regla de oro y de sentido común que dice que el tamaño del sistema público debe corresponder al real tamaño del país y no es así. En la primera mitad de la presente administración se sumaron a recibir salarios desde el presupuesto cerca de 50 mil personas y el crecimiento de la carga es constante para el período completo: la expedición de pagos ha aumentado anualmente en un 6.4% para nuevos «servidores».

Puede leer: El elevado índice de los feminicidios que estremece al país

El «tren» de la Cosa Pública, que notablemente tiene más «vagones» de la cuenta, ha superado en generación de nuevas plazas al sector privado limitado al 4.5% anual. A las áreas descentralizadas y autónomas que el Estado cobija, pero regidas bajo criterios muy independientes y privilegiados, habría que sacarles sus comidas aparte.