El país continúa a la espera de que la oficina de Unicef en el país y sus directivos den la cara para reconfirmar o rectificar la información de que las autoridades dominicanas han expulsado del país hacia Haití a 1,800 niños haitianos no acompañados, es decir totalmente desamparados, que por producirse días después de la insolente petición del Alto Comisionado de la ONU de que República Dominicana detenga las “deportaciones forzosas” de haitianos ilegales mucha gente interpretó como parte de una acción concertada con premeditación y alevosía para hacerle daño al país.

La información fue divulgada la semana pasada por la cadena norteamericana CNN, que señaló que los niños fueron expulsados por distintos cruces de la frontera y recibidos por personal de Unicef, pero desmentida de inmediato por la presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia y Primera Dama, Raquel Arbaje. “No se ha maltratado a ningún niño, nosotros estamos para proteger con el Conani a todo niño, independientemente de su nacionalidad. Justamente hoy me estoy reuniendo con una persona de Unicef para aclarar puntos”. Es muy probable que a esta hora, y tratándose de un tema tan delicado, esos puntos estén debidamente aclarados, que ya todo esté bien y “aquí no ha pasado nada”. Pero la opinión pública sigue necesitando saber cuánta verdad hay en una noticia que nos puso en las cuatro esquinas del planeta y que le hace mucho pero mucho daño a nuestra imagen, que por ser un país que vive del turismo todos estamos en la obligación de cuidar y proteger.

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Y eso le toca hacerlo, como señalé al principio de esta columna, a la oficina de Unicef en la República Dominicana, que debería empezar explicando porqué en lugar de informar por los canales correspondientes la situación de esos 1,800 niños supuestamente expulsados sin sus padres a las autoridades dominicanas, como manda al protocolo y la buena fe, decidió que primero debía enterarse el mundo entero.