Por Alfredo Cruz Polanco

Ahora que se ha designado al ingeniero eléctrico Milton Morrison como el nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), le sugiero al presidente Luis Abinader que en su próxima gestión gubernamental aplique una verdadera política de Estado para la regulación del transporte urbano, suburbano e interurbano, sobre todo en el Distrito Nacional y en las grandes ciudades, debido a la gran cantidad de accidentes que ocurren a diario por la circulación de vehículos pesados y livianos en pésimas condiciones y el gran congestionamiento vehicular en las principales vías, lo que constituye un caos total.

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Para poder lograr una solución a corto plazo se necesita realizar una verdadera alianza público-privada, o a través de un fideicomiso que pueda realizar una inspección minuciosa al gran parque vehicular existente, conscientes de que una gran parte no califica ni reune las condiciones mínimas para continuar circulando. Para ello habría que instalar talleres certificados por regiones o en las principales provincias.

Las APP tienen razón de ser cuando el Estado no está en condiciones ni en capacidad técnica o económica para la solución de determinados problemas que ya no tienen espera. No somos dados a apoyar este tipo de alianzas, porque, muchas veces, problemas que el Estado puede resolver y que son de seguridad nacional, son abandonados o se dejan de hacer para beneficiar al sector privado o a firmas extranjeras.

Las razones que impulsan a aplicar este tipo de política pública obedecen a que ya no hay tiempo que perder. RD ocupa el primer lugar en el mundo en accidentes de tránsito y en pérdidas humanas que afectan al presupuesto nacional. Una persona con lesiones traumáticas le cuesta al Estado millones de pesos.

Los accidentes se deben a malas condiciones de los vehículos, consumo de alcohol y sustancias prohibidas, manejo temerario. Se deben llevar estadísticas sobre las causas de estos. Las inspecciones al parque vehicular no se realizan desde hace mucho tiempo. Una inspección debe incluir revisión de neumáticos, frenos, tren delantero, transmisión, luces, que los documentos coincidan con los registro del vehículo, etc.

Muchos vehículos utilizan gas licuado de petróleo (GLP) de manera informal, incluso en el transporte escolar sin que el Minerd e Interior y Policía actúen.

El motoconcho también debe ser regularizado. En la mayoría de los accidentes automovilísticos y en los asaltos y crímenes hay una motocicleta involucrada. Hay más de 3.4 millones en el país.

Los vehículos chatarras del transporte urbano urgen regulación. Se debe crear cooperativas de transportistas, pero no los tradicionales sindicatos que solo han servido para enriquecer a unos cuantos. Turismo jugaría un rol importante. Que así sea.