MONTEVIDEO. Uruguay vive este jueves la primera huelga general de trabajadores desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez el primero de marzo, una medida que los sindicatos adoptaron en demanda de mejoras salariales y un aumento del presupuesto del Estado.

Montevideo amaneció bajo una intensa lluvia, con gran movimiento de autos particulares, pero prácticamente sin transporte público, que se reduce a servicios «de emergencia», constató un periodista de la AFP.

El paro afecta a toda la administración pública y al sector bancario, a la enseñanza pública y privada, y al sector salud, en donde solo se atenderán situaciones de urgencia.

La central sindical PIT CNT, que organiza la jornada, espera que un millón de trabajadores se plieguen a la medida, en un país de 3,4 millones de habitantes.

«Esta lucha apunta a generar condiciones para que una desaceleración económica no la termine pagando el más débil», esgrimió el presidente del PIT CNT, Fernando Pereira. Uruguay enfrenta un período de cierta tensión económica, en un contexto regional difícil y con una caída constante de sus ventas al exterior.

En los últimos 12 meses además, el país acumula 9,02% de inflación, una cifra muy por encima del rango meta oficial de 3-7% anual, que se refleja en aumentos de precios cada vez más pronunciados de productos básicos de consumo.

Otro rubro importante, el de los combustibles, registró alzas de precios de entre 5 y 7% por decisión oficial a fines de julio en este país importador neto de petróleo que registra además una fuerte depreciación de su moneda en las últimas semanas.

La medida de paro es criticada por las cámaras de comercio e industrias.

Uruguay atraviesa por dos instancias económicas importantes este 2015 que también motivan la huelga. Por un lado, se establecen las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores en los llamados «consejos de salarios», reinstaurados por Vázquez (izquierda) durante su primera gestión (2005-2010).

El gobierno, preocupado por la inflación y apoyado por los empresarios, ha pedido prudencia a los trabajadores, una demanda que choca contra las aspiraciones de mejoras de los empleados en un contexto de suba de precios.

Por otra parte, distintos sectores de la administración pública pelean por una mayor porción del gasto que quedará previsto en el presupuesto nacional que regirá -una vez aprobado por el Congreso- hasta el final del quinquenio en 2020 y que se anuncia más ajustado que en ocasiones anteriores.