El acuerdo mediante el cual el hoy extraditable Dennis Goeede o Galy Poter fue condenado en el 2017 a ocho años, cuatro de ellos a pena cumplida, permitió que bienes millonarios de su propiedad le fueran decomisados y pasaran a manos del Estado dominicano.

Esos bienes incluyeron tres vehículos marcas Lamborghini, Range Rover, y Peugeot; dos locales comerciales ubicados en la avenida George Washington esquina Pasteur, ambos a nombre de Cándida Reyes; US$1,800 y un rifle con mira telescópica marca Nitro calibre 22.

En su sentencia, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Claribel Nivar (Presidenta) Yissel Soto y Clara Castillo, además ordenaron a Goeede abstenerse del uso y venta de sustancias controladas; y de abuso de bebidas alcohólicas.

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Debía además realizar trabajo social por 100 horas en el Ayuntamiento del Distrito Nacional; abstenerse de portar cualquier tipo de armas; y someterse al cuidado y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena.

Se desconoce si estas últimas ordenanzas del tribunal fueron cumplidas por el exconvicto y hoy solicitado en extradición por supuestamente encabezar una red criminal internacional de narcotráfico.

Otro que habría negociado

Urvin Laurence Wawoe (Nuto), otro de los tres solicitados en extradición por el Gobierno del Reino de los Países Bajos también fue arrestado en el país en septiembre del 2013, y por un supuesto acuerdo con las autoridades se encontraba libre hasta el pasado fin de semana cuando lo apresaron junto a Goeede y Terence Angelo Richar de Vries, por supuestamente pertenecer a las redes criminales denominadas “Mocro Maffia” y No Limit Soldier”.

Qué se le encontró

En allanamientos en su residencia ubicada en la Torre Arpel ubicada en la avenida Enriquillo de esta capital; y en una finca localizada en Chirino, Monte Plata, se le ocupó entre muchas otras cosas, 176.16 gramos de marihuana que alegó no eran suyos, como tampoco la finca; una gorra color negro con una insignia militar de coronel y un Iphone que según dijo en la oportunidad, se lo prestó un coronel amigo.

Medida de coerción

El 18 de diciembre del 2017, la fiscal Cariskeyla Peña, solicitó prisión preventiva, pero el juez de Atención Permanente consideró que en el caso no lo ameritaba y le impuso una garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida; uso de grillete, y presentación periódica el primer día de cada mes durante seis meses.