El caso de la USAID, Participación Ciudadana y los periodistas Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, Edith Febles y la comunicadora Mariasela Álvarez demuestra que vivimos en la era de la posverdad.

Este término, elegido “palabra del año” en 2016 por la Universidad de Oxford, describe una realidad en la que las emociones y creencias personales pesan más que los hechos objetivos. A esto se suman las fake news, que afectan a 8 de cada 10 ciudadanos, según estudios recientes.

Las tecnologías de la información han democratizado el acceso a los medios, lo que tiene ventajas desde el punto de vista democrático, pero también riesgos. Hoy, cualquiera con una agenda política o económica puede difundir información sin rigor. Antes, la información provenía de periodistas que, con mayor o menor preparación, profesionales o empíricos, cumplían con principios básicos como verificar fuentes y contrastar datos.

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Si bien los medios siempre han tenido propietarios con intereses, hoy su control es más difuso y opaco. Además de los empresarios tradicionales, hay políticos. Esto ha generado una amalgama de intereses que supera la tradicional búsqueda de poder y rentabilidad, dando lugar a otras agendas y prioridades.

El problema se agrava en el contexto actual, donde la extrema derecha domina la agenda política y ha invertido los valores: ahora, defender los derechos humanos y la transparencia es visto como incorrecto. En este escenario, la lucha contra la corrupción se tergiversa como una estrategia desestabilizadora.

República Dominicana es un claro ejemplo de esta dinámica, y el caso Usaid-Participación Ciudadana-periodistas lo evidencia. Se difundió una información sin pruebas, amplificada por medios tradicionales y alternativos, lo que la convirtió en una fake news. Cuando dirigentes de un partido político la asumieron en su discurso y la llevaron a los medios, se transformó en una posverdad.

Un análisis objetivo demuestra que no existen pruebas de financiamiento ilegal de la Usaid a estos periodistas. Ni Donald Trump, ni Elon Musk, ni WikiLeaks los han mencionado en lista alguna. Todo se originó con un arte publicado en redes sociales, que su propio autor, Johnny Arrendel, admitió carecía de sustento.

También es falso el argumento de que la USAID financia Participación Ciudadana de forma opaca o ilegítima. Si bien es válido cuestionar cómo la cooperación internacional puede influir en las prioridades sociales de un país, en este caso el financiamiento ha sido transparente, con informes públicos y auditorías accesibles en su página web.

Este apoyo ha existido bajo gobiernos demócratas y republicanos, y del PRSC, PRD, PLD y PRM. Además, los fondos han sido utilizados para fortalecer el sistema electoral, la justicia, la salud, la seguridad ciudadana y la sociedad civil, además de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero, ¿por qué esta lucha se ve como una amenaza para un partido o un gobierno? ¿Por qué lo desestabilizaría? Si la meta partidaria no es la corrupción, entonces es una causa que todos debieran respaldar.

Es cierto que estos periodistas han denunciado casos de presunta corrupción, pero eso es parte del rol de esta profesión y siempre han presentado pruebas, muchas veces basadas en documentos oficiales.

Por todo lo anterior y en honor a la verdad, resulta necesario evidenciar esta campaña de desinformación y actualizar el marco legal de la comunicación en República Dominicana para regular el uso de las redes sociales.

No lo digo sólo por el caso de Usaid, Participación Ciudadana, Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, Edith Febles y Mariasela Álvarez, sino por el peligro que representa legitimar las prácticas ejecutadas en su contra.

Hoy son ellos, mañana puede ser un político, un juez, un empresario o cualquier ciudadano. Nadie está a salvo. Cuidadito compay gallo, cuidadito. Cuidado con usar las redes y ciertos medios para crear un lodazal del que luego nadie pueda salvarse.