Hoy 
Existe la urgencia de generalizar en gran parte de la sociedad un estado de alarma contra la cacería de incautos a la que con frecuencia se lanzan entidades no autorizadas a captar ahorros que esgrimen promesas de alto rendimiento por los valores que, sin mediar garantía alguna, les depositan. Carnadas que se traducen en retribuciones de corta duración, pues las pirámides, así llamadas, son mecanismos engañosos que se desploman tras nutrir en abundancia las arcas de sus patrocinadores. Fulleros que escapan fácilmente a acciones punitivas al no existir una ley de claro, directo y específico texto para tipificar y penalizar tales fechorías que han sido ignoradas por los legisladores dominicanos aunque no se trata de una falsía de nuevo cuño: los truhanes de las operaciones piramidales han estado por decenios victimando incautos, conscientes, al parecer que de ellos han seguido apareciendo cantidades. Y debidamente al tanto también de que las autoridades que deben perseguir a los embaucadores que infestan el mercado crediticio carecen todavía de las herramientas legales para proteger a la colectividad.
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Se está ante otra lesiva consecuencia de la falta de un Código Penal que supere las obsolescencias que dejan el paso libre a ciertos delitos, incluyendo algunos de la peor especie. El proyecto que llenaría los vacíos mora en un limbo llamado Congreso Nacional. Indolencias y vacilaciones se encargan de proteger su sueño.
