Cinco venezolanos detenidos en República Dominicana por su presunta vinculación con más de 350 kilogramos de cocaína exigieron el jueves a través de sus abogados el cumplimiento de una polémica sentencia que ordenó su liberación.

Mantenerlos bajo custodia “es una incongruencia, una insensatez, algo verdaderamente arbitrario”, dijo Valentín Medrano, abogado de los extranjeros, luego de la audiencia en la que le juez Nehemías Ramírez de la ciudad de La Romana tenía previsto revisar el jueves la detención.

Medrano recordó que una jueza había ordenado el fin de semana la liberación de los extranjeros debido a que en la solicitud formal de arresto la fiscalía no presentó los documentos que avalaban el allanamiento en el que fue hallada la droga.

La decisión de la jueza Aristilda Mercedes generó una ola de críticas y la apertura de una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia para determinar si el fallo judicial era correcto. La fiscal de La Romana, Reina Rodríguez, se ha negado a liberar a los venezolanos y lamentó el fallo de Mercedes, al explicar que esa misma jueza había autorizado telefónicamente el allanamiento.

Los venezolanos fueron detenidos el 24 de marzo en el aeropuerto internacional de La Romana, 150 kilómetros al este de la capital. Cuatro de ellos habían arribado de Barquisimeto, Venezuela, en una avioneta donde se encontraba la droga. Entre los detenidos se encuentran el piloto y un hombre que los esperaba en la terminal aérea.

Rodríguez rechazó liberarlos en espera de que otro tribunal revisara el jueves la sentencia de la jueza Mercedes. Adelantó que solicitará que los extranjeros permanezcan un año en prisión preventiva a fin de continuar las investigaciones.

“Ellos están arrestados ilegalmente; hay una orden de libertad”, insistió Dionisio Báez, otro de los abogados de la defensa. En la audiencia del jueves, el juez Nehemías Ramírez ordenó mantener presos a los venezolanos hasta una próxima audiencia prevista para el 6 de abril. Los abogados Medrano y Báez recusaron al juez por negarse a liberar a sus clientes, por lo que la Corte de Apelación deberá decidir en los próximos días si envía el caso a otro tribunal.