Washington.- La misión de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó hoy al secretario general, Luis Almagro, de “abusar” del organismo con las audiencias públicas que ha promovido para determinar si en el país se han cometido crímenes contra la humanidad.

“El señor Luis Almagro insiste en seguir realizando sus engañosamente denominadas ‘audiencias públicas’ en contra del Estado venezolano. Se trata de una farsa política con apariencia de legalidad que no tiene ningún efecto jurídico vinculante”, afirmó hoy la representante venezolana en la OEA, Carmen Velásquez.

“Es simplemente un circo mediático. Queda claro que esta iniciativa personal del señor Almagro, además de violar flagrantemente la Carta de la Organización, la normativa interna y toda norma y principios del derecho internacional público, carece de mandato de los Estados miembros de la OEA”, agregó.

Además, subrayó que “la organización no tiene competencia alguna para actuar como un tribunal internacional ni como órgano auxiliar de la Corte Penal Internacional».

Esta es la primera reacción oficial de Venezuela a las audiencias públicas que se celebran desde septiembre en la OEA con el fin de dirimir si hay base para denunciar a las autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Por el momento, ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela ante la CPI, con sede en La Haya (Holanda), y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.

La diplomática venezolana aprovechó hoy el turno de “otros asuntos” de la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington para trasladar el malestar de su Gobierno ante la iniciativa. Denunció así el “uso y abuso de la plataforma de la OEA como arma política destinada a desestabilizar y derrocar al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

“El más alto funcionario de la Secretaría ha decidido servir a oscuros intereses económicos para promover la violencia en un país de la región”, dijo, en referencia clara a Almagro, secretario general del organismo desde mayo de 2015.

Velásquez denunció que, “desde el principio, la operación (las audiencias) sufre de falta de integridad por parte de sus líderes”, y puso como ejemplo que el ex fiscal jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo haya dejado de estar a cargo de las sesiones después de que se publicaran informaciones en prensa que siembran dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.

La diplomática cargó también contra los tres expertos que se encargan ahora de las audiencias y que determinarán al final del proceso si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.

“El primero es infame por su reconocimiento del gobierno dictatorial del señor (el opositor venezolano Pedro) Carmona Estanga en el año 2002; el segundo es un reconocido activista contra la democracia venezolana en los últimos quince años así como abogado personal de uno de los líderes de la violencia política en Venezuela; y el tercero tiene una larga historia de actuaciones a favor del extremismo político en Venezuela”, indicó sin decir nombres.

Los tres expertos que conforman el panel son el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La diplomática volvió a pedir además que se aclare de dónde proceden los “fondos voluntarios” que financian la iniciativa y exigirá por escrito una aclaración al Consejo Permanente sobre si Almagro tiene o no el mandato de los países para organizar las audiencias, ya que nunca ha habido una votación al respecto.