La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este domingo un nuevo «ataque terrorista» contra sus instalaciones, en este caso un gasoducto ubicado en el estado oriental de Monagas.

El ataque alteró un tramo del gasoducto, «lo cual afectó además al Centro de Operaciones El Tejero, que sirve como una planta de inyección de gas», explicó el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, que es citado en el comunicado de la compañía estatal.

«Gracias a Dios que no tenemos reportes de víctimas de este atentado, de igual manera queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos y los protocolos de contingencia, para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada», dijo el ministro.

El también vicepresidente del área económica de Venezuela aseguró que las autoridades no cesarán en la búsqueda de los responsables de estos hechos, sin explicar en qué medida afectará se verá afectada la población por este incidente.

Venezuela registra una escasez de gas doméstico que se ha recrudecido en los últimos dos años, lo que ha llevado a cientos de miles de familias a cocinar con leña.

«Todos los trabajadores estamos atendiendo esta contingencia y en las próximas horas informaremos de los avances que hemos logrado frente a esta lamentable acción criminal y también de cómo vamos a restituir de inmediato todas las operaciones de este gasoducto principal en el estado Monagas», prosiguió.

El ataque, siempre según el ministro, se suma «al expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes y amenazas, que ha sufrido» la principal industria del país «con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a Pdvsa en sus distintas áreas».

La compañía petrolera venezolana, la principal fuente de dinero para la gestión gubernamental, ha reducido su capacidad operativa y comercial en los últimos años, algo que según extrabajadores se debe a la corrupción interna, falta de inversión y mantenimiento, así como la escasez de personal calificado.

Luego, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Pdvsa, lo que en el último trienio ha restringido la capacidad de maniobra financiera de la compañía, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro pondera como una «campaña de asfixia».