Como en este país las chatarras han demostrado que son eternas, que no hay poder sobre la tierra que pueda despojar a los padres de familia que las conducen de sus medios de sustento, cuesta creer que el milagro será posible cuando se ponga en marcha la Inspección Técnica con la que el Gobierno, según el director del Intrant Hugo Beras, espera disminuir el impacto negativo que genera la mala condición de nuestro parque vehicular.

Las críticas, hasta ahora, se han concentrado en el alto costo que tendría, entre 600 y 3,500 pesos, y como estamos en campaña electoral los partidos de oposición se han sumado al coro desde que se enteraron de que se ejecutará bajo la figura del fideicomiso.

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Pero más allá de que esté fuera del alcance, por su alto costo, de una parte importante de la población o de la forma en que se ejecutará y a quién beneficiará (ya se ha denunciado que el empresario al que se busca favorecer tiene problemas con la justicia venezolana) está el hecho de que una gran parte del parque vehicular, debido a su deterioro y años de servicio, no podría continuar circulando si se aplica con rigor y seriedad. Y eso incluye carros del concho, camiones de carga, camionetas, voladoras y vehículos privados, lo que según Antonio Marte haría fracasar el invento, que afectaría a tanta gente con capacidad de hacer mucho ruido y protestar, agrego yo, que se convertiría en un problema social susceptible de que los políticos le encuentren un bajadero a la medida de sus intereses.

Por eso no hay que descartar que se les permita circular, o que sus propietarios encuentren la manera de hacerlo, como sería esperar que las autoridades se cansen de exigir su cumplimiento. Al final, los que pagaremos la Inspección Técnica seremos los ciudadanos respetuosos de la ley y el orden, que tarde o temprano terminaremos convencidos de que esa condición es una desventaja en este país. Y cuando ese día llegue, que lo sepa todo el mundo, será el sálvese quien pueda.