Fue lo primero en que pensé, invocando a Santo Tomás, cuando leí detalles del plan diseñado para fortalecer el control migratorio frente a la masiva inmigración haitiana, que define como un reto para la seguridad nacional y regional, como parte del Pacto de Nación por la Crisis de Haití.

Por eso entiendo el escepticismo del Instituto Duartiano, al que no invitaron a firmar a la casa de gobierno, que plantea que para que un plan tan ambicioso pueda tener resultados que podamos ver debe empezar por el principio: fortaleciendo la capacidad operativa de la Dirección General de Migración, a la que debe dotarse de todos los recursos necesarios para que pueda cumplir con su principal responsabilidad: hacer que se cumpla la ley migratoria, y no solo con los haitianos, agrega este incrédulo servidor. Se dice rápido, pero esa incapacidad para hacer cumplir y respetar la norma es la responsable de que en materia migratoria estemos como estamos, pues desde el Estado se ha puesto el mal ejemplo invitando a los demás sectores a imitarlo y hasta superarlo, pero también restándose a sí mismo autoridad para exigirle a los otros que le den cumplimiento.

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¿Será el gobierno capaz “de cesar a la mayor brevedad posible”, como dice uno de los artículos del Pacto firmado en el Palacio Nacional, la contratación de mano de obra haitiana en condiciones contrarias a la ley, y lo mismo vale para las instituciones autónomas y descentralizadas y los ayuntamientos?

Para garantizar la ejecución de un plan tan complejo y ambicioso se planteó la necesidad de crear comisiones que le den seguimiento a cada una de las decisiones, pero esas comisiones quedaron pendientes de conformarse y puede anticiparse que tendrán mucho trabajo. Que ojalá empiece pronto y podamos ver resultados, sobre todo en lo que se refiere a lo que parece lo más simple y fácil de hacer, pero que por múltiples razones ha resultado tan difícil que ha devenido en imposible: respetar y hacer respetar la Ley de Migración.